Martín Orozco podría no terminar su gestión como gobernador, pues el desacato de una orden judicial es una grave violación a la ley y al estado de derecho, advierte un abogado constitucionalista al referirse a la renuencia del mandatario a parar las obras del libramiento carretero.
En ese sentido y luego de dejar en claro que una orden judicial se tiene que cumplir, porque de otra manera se incurre en responsabilidades que pueden llevar a sanciones, ya sean administrativas o incluso penales, el jurista con el que se abordó el tema señaló que si el mandatario desacata la instrucción del juez podría no terminar su gestión, puesto que puede ser desconocido como mandatario mediante un juicio político y enfrentar un juicio mayor en los tribunales.
En caso de que haya desacato al mandato legal, el mismo juez que ordenó la suspensión de la obra del libramiento carretero puede llevar el caso hasta el Consejo de la Judicatura o incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se actúe en consecuencia por el acto de rebeldía contra una orden judicial motivada por la presunta afectación de derechos de terceros, explicó el jurista.
“Si hay un desacato a la orden de un juez se tiene que investigar, sustentar y denunciar el hecho ante el Consejo de la Judicatura, porque son los que tienen el control sobre los jueces, y aparte verificar si ese desacato constituye un delito, entonces hacer las denuncias; pero si se demuestra el desacato esa ya es una cuestión interna del Poder Judicial, porque ellos tienen que velar por que los jueces cumplan con su encomienda y el Consejo de la Judicatura es el que conoce de este tipo de denuncias, incluso la Suprema Corte también”, señaló el abogado especialista.
De hecho y por los actores, el asunto podría llevarse al Consejo de la Judicatura e incluso la Corte Federal puede intervenir, pero antes tiene que hacerse la denuncia (por el desacato) ante el Consejo de la Judicatura, esto por parte de quienes tengan interés jurídico, en este caso la autoridad judicial que observe el incumplimiento de la ley (la orden de suspensión).
Sostuvo que, en este tipo de casos, el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para investigar el asunto (desacato) y entonces determinar si hay un delito, y de ser así, se debe denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la República o bien se le aplica sanciones conforme al Poder Judicial federal.
Sobre la sanción legal en caso de desacato de una orden judicial, el constitucionalista explicó que “todo depende de cuál sea el resultado, porque puede aplicarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede haber inhabilitación, iniciar el juicio de desafuero o bien hasta imponer una sanción penal por la rebeldía, según el caso”.
