CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).-
La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea reformar diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica.
“La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, detalla el documento.
Con las modificaciones se suprimen o fusionan 18 unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias o entidades de la APF, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias.
El titular del Ejecutivo propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y elimina la participación del Fideicomiso de Fomento Minero en el Servicio Geológico Mexicano. En el caso del primero, señala que sus funciones serán encomendadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Se propone suprimir al órgano sin sustento constitucional (la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción) para dejar las funciones de apoyo al SNA a la Secretaría de la Función Pública, que, de manera natural, puede asumir dichas funciones, pues cuenta con personal profesional dedicado al combate a la corrupción, además de infraestructura e información que puede servir al cumplimiento del objeto del SNA”, refiere el proyecto de reforma.
Asimismo, convierte a varios órganos desconcentrados en unidades administrativas de secretarías de Estado, como en el caso de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y que de aprobarse la iniciativa del presidente López Obrador, se convertiría en una unidad administrativa de la Segob.
“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, se lee en la iniciativa.
La iniciativa también contempla la fusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; del Servicio de Inspección y Certificación de Semillas; del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
También de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
Así como el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Nacional de la Economía Social; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Dirección General de Publicaciones; y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
