Aguascalientes, Ags.-Integrantes de la Red de Colectivos de Movimientos Urbanos y por la Naturaleza (Red COMUN Ags) advierten que el llamado proyecto de 'flujo continuo' de Avenida Aguascalientes no representa una solución de largo plazo con importantes afectaciones ambientales y sociales, de ahí que exigen que se integre plenamente a la ciudadanía en su diseño e implementación.
Se trata de una red de colectivos, asociaciones civiles y personas “que por más de 10 años hemos promovido una movilidad accesible, inclusiva y sustentable, con el fin de crear una ciudad que ofrezca un ambiente limpio y una movilidad digna”, quienes advierten que para ello “es indispensable que el Gobierno reconozca tanto las capacidades y conocimientos de la ciudadanía en materia de desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente, como la necesidad de su activa participación para la correcta administración pública y planeación urbana”.
De modo que ante la inminente instalación de dicha infraestructura vial “perjudicial para la movilidad sustentable, consideramos fundamental que se integre plenamente a la ciudadanía en su diseño e implementación para mitigar los impactos adversos y potenciar posibles beneficios”.
Por ello promueven que se trabaje en revisar y proponer adecuaciones para que los cruces intervenidos por los pasos a desnivel y zonas aledañas se conviertan en espacios que le den vida a la ciudad; espacios seguros con vegetación, recreación y convivencia y se garantice una accesibilidad universal para todas las personas, especialmente para aquellas con limitaciones de movilidad.
Además de explorar acciones y estrategias para que se respete la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, identificar acciones que aseguren la inclusión, seguridad, convivencia e intermodalidad para todas las personas usuarias de la Avenida Aguascalientes, independientemente del modo de transporte, evaluar alternativas y soluciones para contrarrestar las afectaciones ambientales y generar mecanismos vinculantes que aseguren el cumplimiento de las modificaciones acordadas, así como formalizar los mecanismos de colaboración con el Gobierno, con la creación de la normativa pertinente para establecer un seguimiento a corto, mediano y largo plazo.
