Sale a la luz pública otro caso de presunta corrupción en el ISSEA, luego que las autoridades de la dependencia estatal recurrieron a la compra ilegal de un lote de oxímetros sin marca y de otros insumos médicos de calidad dudosa, según denuncia ventilada por el portal de noticias Noticen.
En el medio electrónico que dirige el periodista Carlos Gutiérrez se advierte que se erogaron 2’934,000 pesos en la adquisición de 23 mil oxímetros y 23 mil termómetros, al parecer patito, además se cree que con esa acción se pone en riesgo la salud de la población al desconocerse la calidad y la certificación de esos aparatos.
“De acuerdo a documentos obtenidos por Noticen vía transparencia, los 23 mil oxímetros y 23 mil termómetros fueron comprados ‘sin marca’, es decir, se desconocen las especificaciones reguladas por la ley, además no se cumplen los permisos de la Cofepris”, se precisa en el texto informativo.
Sobre la adquisición de los oxímetros y termómetros, que son aparatos médicos utilizados para diagnosticar la salud de los enfermos en medio de la pandemia de Covid-19, Noticen sostiene que tanto el requerimiento interno de compra como el propio contrato que soportan la erogación de 2’934,800 pesos, se solicita que estos equipos no tengan marca, ni tampoco establecen la necesidad de que cuenten con los permisos de importación y comercialización que por ley deben tener expedidos legalmente por la Cofepris.
Asimismo, se advierte que el monto pactado por tales aparatos fue liquidado y el producto entregado al ISSEA el 15 de marzo de 2020; sin embargo, el acta de ingreso de la mercancía al almacén del ISSEA está fechada hasta el 7 de abril de 2020, es decir, 22 días después de que la comercializadora hiciera la entrega de los oxímetros y termómetros.
Respaldando su denuncia con copias de la transacción, donde se especifica las características de los equipos y lo que se pagó por su compra, el director de Noticen sostiene que, además de las inconsistencias documentales en la operación de tales insumos, la principal irregularidad que pudiera generar responsabilidades administrativas al titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez, y a otros funcionarios, es que no cuentan con el permiso de la Cofepris e incumplen las normas oficiales, como la NOM-137-SSA1-2018, relativa a la obligación de contar con permisos y establecer un etiquetado claro en los productos.
De la misma manera precisa que cualquier dispositivo médico que no cuente con registro de la Cofepris, termina siendo apócrifo e ilegal, además es considerado como equipo riesgoso que pone en peligro la salud y la vida de las personas en las que se llegue a utilizar, por lo que “el órgano interno está obligado a verificar la licitud del ejercicio de 2’934,800 pesos de recursos públicos para la adquisición de materiales ilegales”.
La acción administrativa y legal aplica en este caso debido a que los equipos adquiridos no sólo carecen de registro sanitario, sino que incluso son productos “sin marca”; no hay un fabricante que responda ante una eventualidad derivada de su uso y tampoco existe por parte del comercializador un registro que avale que los productos adquiridos por el Gobierno del Estado a través del ISSEA se pueden usar de forma confiable, se precisa en la investigación periodística de Noticen.
