Washington, 2 jun (EFE News).- El gobierno del presidente Donald Trump ha enviado a decenas de miles de personas que buscaban asilo a México, donde «las organizaciones criminales por mucho tiempo han atacado a los migrantes», indicó este martes Human Rights Watch (HWR).
La organización defensora de los derechos humanos solicitó formalmente que el Departamento de Seguridad Nacional investigue la aplicación del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) por el que el Gobierno por más de un año ha estado enviando a México a personas de diferentes nacionalidades que deben aguardar en ese país el trámite de sus pedidos de asilo.
«En el marco de MPP, el Departamento de Seguridad Nacional, a sabiendas, ha enviado a decenas de miles de personas vulnerables, que buscaban asilo, al otro lado de la frontera», dijo Adriana Sawyes, investigadora de HWR. «El inspector general del Departamento debería investigar y actuar, ya que el Departamento ha pisoteado las leyes federales e internacionales al enviar al peligro a quienes buscan asilo».
Según HRW, las organizaciones criminales en el norte de México rutinariamente secuestran a los migrantes, porque asumen que la mayoría de solicitantes de asilo tienen familiares en Estados Unidos, a los que pueden extorsionar miles de dólares.
El informe señaló que tan solo en el estado mexicano de Tamaulipas ha documentado al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
Entre esos casos al menos 38 menores fueron secuestrados o víctimas de intentos de secuestro, y cuatro mujeres dieron cuenta de abusos sexuales mientras estaban secuestradas. A ello, según HRW, se suman cinco secuestros breves y extorsión llevados a cabo por policías mexicanos «en una práctica conocida como ‘secuestro expreso».
«El programa MPP ha creado una bonanza tornando a quienes piden asilo y tienen miembros de la familia en Estados Unidos, en mercancías que engrosan las ganancias de las bandas criminales», agregó el comunicado.
HRW añadió que la pandemia de COVID-19 ha incrementado los peligros que encaran quienes buscan asilo y que se ven obligados a esperar por audiencias postergadas en campamentos y albergues con limitados recursos de higiene y «donde el distanciamiento social es imposible».
