“No recuerdo el artículo de la Constitución que le dio al Congreso el poder de gastar el dinero de los contribuyentes en objetos de benevolencia”. JAMES MADISON
El correo en México es tardado, pero hasta ahora ha sido bastante seguro. La mayor parte de las cartas o paquetes llegan a su destino, por lo menos los registrados, aunque tarden tres a cuatro semanas para alcanzar incluso las ciudades más importantes del país. La situación, sin embargo, se está deteriorando: por eso está aumentando el uso de servicios privados de paquetería, aunque sean mucho más caros. Hace unos días una microempresaria fue a una oficina de correos en la Ciudad de México para mandar un paquete registrado. La máquina que imprime los sellos para el registro estaba descompuesta. La empleada se disculpó y explicó que, cuando el equipo se descompone, los trabajadores tienen que pagar la reparación de sus bolsillos. Procedió, pues, a anotar a mano en el sobre los datos del registro.
No es ésta la única oficina de Gobierno en que se manifiestan las afectaciones de los recortes presupuestarios. Muchos servicios se han venido deteriorando de manera gradual pero notable. Trámites que antes se tomaban días, hoy requieren semanas o incluso meses. La explicación siempre es la misma: los recortes.
Las cosas se van a poner todavía peor. Con la excusa de la pandemia, que le ha caído como anillo al dedo al Gobierno, la Secretaría de Hacienda ha ordenado un recorte de 75 por ciento en los gastos de materiales, suministros y servicios generales de todas las dependencias gubernamentales. Si ya antes los empleados de correos tenían que pagar de su bolsillo las reparaciones del equipo, podemos imaginar lo que ocurrirá a partir de ahora.
Hay razones muy válidas para exigir austeridad al Gobierno. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 considera un gasto de 6.9 billones de pesos, o sea, 48 mil pesos por cada hombre, mujer y niño de este país. Los ciudadanos ciertamente no recibimos servicios por ese monto.
Pero cabe preguntarse si es sensato ordenar un recorte parejo de 75 por ciento en todas las dependencias y que además no toque un solo puesto sindicalizado. La medida afectará, sin duda, muchos de los servicios que los contribuyentes recibimos del Gobierno.
No olvidemos que la razón original por la que pagamos impuestos es obtener servicios del Gobierno. De preferencia, los servicios gubernamentales deben ser aquéllos que las empresas o las personas privadas no pueden otorgar. El caso más relevante es la seguridad: el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza. Un gobierno, sin embargo, puede ofrecer también servicios públicos como el de correos.
Quizá sea correcto que una parte de lo que se paga en impuestos se utilice para subsidiar a los más necesitados a través de programas sociales, pero es importante que este uso de los recursos públicos no canibalice los servicios que el Estado tiene obligación de proporcionar.
Hoy es un buen momento para revisar el gasto público. Sin duda se puede recortar mucho, más que suficiente para dejar recursos que financien programas sociales sensatos y eficaces sin subir impuestos. Lo que no podemos hacer es recortar el gasto público con un machete, ordenando algo tan drástico como una reducción de 75 por ciento en todas las dependencias, sin determinar si la decisión está despojando a los ciudadanos del derecho a recibir servicios públicos a cambio de las contribuciones que por ley deben pagar.
CIDE
Una víctima de los recortes es el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de las instituciones de educación e investigación más respetadas de nuestro país. Al parecer el Gobierno piensa que las instituciones de excelencia son fifís y deben ser asfixiadas, mientras que usa recursos para crear nuevas escuelas sin criterios de calidad.
Twitter: @SergioSarmiento
