El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, afirmó que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría la independencia y autonomía de dicho poder, así como el riesgo de que no se cumpla la ley.
«¿Creen que el elegir a los jueces entre la población va a garantizar que la corrupción se acabe en el Poder Judicial?: Me parece que esa no es la forma, yo creo que habrá formas de poder lograrlo, porque, a ver, no estoy negando que haya corrupción en el Poder Judicial, lo que estoy afirmando es que no es la solución a través de una elección popular para estos puestos, para que esto se pueda acabar. Además, generaría un riesgo en su independencia y autonomía y no se garantizaría que los jueces cumplan de manera imparcial y objetiva el impartir justicia», explicó.
Rementería del Puerto destacó que el objetivo que ha repetido el presidente sobre su reforma de mejorar la independencia y eficiencia del Poder Judicial, así como el combate a la corrupción, no tiene el suficiente sustento.
«No existe una completa garantía de que una reforma en sí misma acabará con la corrupción. Mejor que se planteen medidas para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, mejorar las áreas para investigar, enjuiciar y sancionar casos de corrupción, o incorporar mecanismos para una mejor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia por parte de los funcionarios públicos, incluidos los jueces y magistrados, entre otros métodos para combatir y acabar con la corrupción, si esto es lo que se quiere», indicó.
El legislador panista destacó que con la elección popular de magistrados se puede caer en el ejercicio que han hecho otros países como Bolivia, Israel o Turquía, donde los jueces y magistrados son elegidos popularmente, no con el objetivo de que la justicia funcione correctamente, sino para conseguir que el gobierno no enfrente ningún control constitucional en sus decisiones.
«En Bolivia, fueron los ministros electos popularmente quienes determinaron que el expresidente Evo Morales pudiera presentarse a una segunda reelección, aun estando esto prohibido en la Constitución de ese país. En Turquía, más de 4 mil jueces y fiscales fueron sustituidos por personas afines al partido en el poder. En Israel, la propuesta generó tal cantidad de protestas masivas en las calles que prácticamente concluyen con la dimisión del primer ministro. Es un modelo que sólo ha demostrado que funciona, pero para el poder en turno, porque ha limitado el equilibrio de poderes y la independencia de la judicatura», agregó.
Asimismo, señaló que la propuesta de someter a votación popular el nombramiento de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por parte del presidente López Obrador es una simulación y demagogia pura del partido oficialista.
«Permitir que el voto popular influya en el proceso de selección de ministros de la Corte nos podría llevar a decisiones basadas en consideraciones políticas o partidistas en lugar de criterios objetivos y respetando nuestra Constitución, sin duda esta acción podría minar la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales», concluyó.
