Vanas esperanzas tienen los que saben lo que está en juego con la pretendida, o más bien ordenada, desaparición de 109 fideicomisos del gobierno federal, de que la pequeña revuelta de los opositores que anteayer reventaron la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sirva para que el pleno, dominado por MORENA, PT y PES, no apruebe este nuevo golpe dictado desde Palacio a la estructura institucional del Estado y se hagan cumplir las fatales consecuencias.
Se trata, en síntesis, de despojar de fondos, estimados en 68 mil millones de pesos, con los que el gobierno tiene recursos lo mismo para apoyar la educación, la ciencia y la tecnología, paliar los efectos de los desastres naturales, estimular la actividad de los deportistas de alto rendimiento, fomentar la cinematografía nacional o proteger a víctimas de violencia.
Hoy mismo la mayoría del presidente hará válido el dictamen, que se votará en el pleno de la Cámara, donde se sabe que los diputados del presidente aprobarán el dictamen, lo que permitirá a Hacienda disponer de recursos que antes, por ejemplo, se destinaban a los estados afectados por un desastre natural por medio del FONDEN, el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, o que se usen los recursos antes asignados a proyectos de investigación para prevenir el cambio climático.
En cuanto desde Palacio se reiteró la iniciativa de extinguir, primero 55 de estos fideicomisos, y luego los 109 que están en la lista, la maquinaria legislativa, esa segunda versión de aquella ‘aplanadora priista’, se puso a trabajar no sólo para ampliar el número de entes a desaparecer y de recursos a disponibilidad de la SHCP, sino para extender la orden de extinción al Fondo de Salud y Bienestar, cuyo presupuesto alcanza casi los 100 mil millones de pesos.
Se trata en síntesis de usar el dinero que se destinaba para apoyar a investigadores, estudiantes de posgrado, docentes, artistas, cineastas y otros colectivos, cuyo trabajo es estratégico para el desarrollo del país, lo mismo que los recursos que se usaban para proyectos de protección medioambiental, o aquellos destinados para la salvaguardia de víctimas de la violencia o la protección de defensores de los derechos humanos o periodistas.
Evidentemente, los colectivos afectados, muchos de ellos en su día entusiastas del entonces candidato López Obrador, han expresado su repudio a la medida, que dan por consumada, mientras que algunos célebres académicos o artistas dicen ahora en público lo que llevaban meses diciendo en privado, que se están dando con los dientes contra la pared por haber supuesto que la llegada del actual presidente al poder iba a ser benéfico para sus colectivos, primero, y luego para la sociedad.
Con todo, lo más grave es la intención de los morenistas de ampliar la acción legislativa para que el Ejecutivo pueda meter mano en el Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, esa quimera que en la cabeza presidencial se logrará cuando seamos un pueblo de anacoretas y faquires, pues se trata de 97 mil millones de pesos, una tercera parte de los cuales se destinaba a los estados para poder atender a los enfermos de males graves, como cáncer, males hepáticos y renales, en los ya despojados sistemas estatales de salud.
Más indignante que la manifiesta intención de dar a Hacienda esos recursos, lo que habla de la caída de la recaudación y de la urgencia de recursos de un gobierno que en los hechos está en la ruina, pues el dispendio y la falta de visión sí que han tenido consecuencias, es el saber para qué quiere el gobierno federal ese dinero, pues se trata de, en resumen, tapar hoyos y poder atender la pandemia lo que resta del año, pero sobre todo para seguir con el ineficaz derroche de entregar recursos en esos programas asistenciales, o más bien clientelares, inversiones que ya sabemos son improductivas, que tanto enorgullecen al mandatario, que tiene ya la mente en un sólo sitio: las elecciones federales del 2021.
