En plena crisis de salud, los empresarios reciben otra herida casi de muerte.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó por mayoría un incremento salarial para el próximo año del 15% general, y del 15% para la Zona Libre de la Frontera Norte, con lo que se acordó que para el 2021 el salario mínimo suba de $123.22 a $141.70, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de $185.56 a $213.39.
Esta decisión significa un duro golpe para patrones que a duras penas, la mayoría, pueden mantener abiertas sus empresas.
Pero no se piense que se está en contra de que se mejoren los salarios a los trabajadores, pues sin ellos, los empresarios no podrían operar sus negocios. Aquí el punto a discutir, es que en esta pandemia la mayoría de las empresas ha tenido que ajustarse con los pocos ingresos que ha percibido, pues muchas de ellas bajaron cortinas por órdenes del Gobierno para tratar de contener la infecciosa enfermedad.
Los confinamientos cobraron la factura y muchos de estos negocios ya no tuvieron la oportunidad de reabrir sus puertas, y los que quedaron en pie tuvieron que despedir personal, pues es la única manera de seguir sobreviviendo en esta durísima crisis económica, social y, obviamente, de salud.
Pero ésta es sólo una de la vertientes, la de los generadores de empleo que son los más afectados y que aseguran que esta decisión vendrá a ser el clavo en el ataúd para sus negocios.
Pero la visión de los asalariados es otra: este incremento viene a solucionar, aunque sea un poco, el problema de liquidez que afecta a la planta laboral de todo el país y que vendrá a ser la panacea para medio subsistir en ésta que parece ser una interminable crisis.
Seguramente se verá beneficiado el poder adquisitivo de los empleados, pero a costa del cierre de empresas que no soportarían tener que desembolsar más dinero cuando apenas si sobreviven.
En difícil situación están ambas partes, pero no olvidemos que el sector empresarial es quien genera empleos y que durante esta administración federal ha tenido poco o nulo apoyo de Gobierno para emprender, invertir o consolidarse, literalmente se han tenido que rascar con sus propias uñas, sin ningún tipo de estímulo, vaya, ya no digamos económico sino de tipo fiscal.
Ojalá que esta decisión sea en beneficio para ambas partes, pues definitivamente el sector obrero por supuesto que merece mejorar sus condiciones, pero no a costa del cierre de más empresas.
