CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta 2028.
Con mayoría de 8 votos a favor, el pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas de seguridad, impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional.
En sesión de este martes, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar consideró que el acuerdo del Ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados, además de que éste debe entender como una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles.
Zaldívar aseguró que no se está discutiendo la permanencia de las Fuerza Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que «no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana».
Dijo que la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas, generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía.
«Además no podemos negar que se propiciaron diversos abusos y arbitrariedades y que no pocas ocasiones se tradujeron incluso en graves violaciones de derechos humanos».
Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el acuerdo reclamado se limitó a dar cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional publicada en marzo de 2019, por lo que no encontró que rebasé el mandato del Constituyente ni que su contenido, apreciado en su conjunto, produzca una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente.
«Resulta imprescindible garantizar a la población la seguridad a cargo del Estado, por lo que resulta necesaria e indispensable la participación de las Fuerzas Armadas para capacitar y profesionalizar, en el marco de los Derechos Humanos y el uso proporcional de la fuerza, a la Guardia Nacional que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a una delincuencia organizada que ha rebasado ya a la sociedad, que acecha a la sociedad en todo momento», indicó.
En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara, quien se pronunció en contra de la validez del acuerdo, consideró que se debe anteponer la seguridad pública sobre la disposición de las Fuerzas Armadas.
«La realidad del país nos ha obligado a tomar decisiones dolorosas como extraordinarias, como que las Fuerzas Armadas permanentes participen para contener la delincuencia organizada, pero me aparto del proyecto en su totalidad».
González Alcántara afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública, ya que por su implicación, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales.
