El pleno del Senado aprobó en lo general, con el voto de Morena y sus aliados, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
Durante la sesión ordinaria vespertina con 69 votos a favor y 42 en contra se avaló en lo general la reforma, que alertó la oposición, es un paso más hacia la destrucción del juicio de amparo como una herramienta eficiente para defender derechos humanos y es una reacción ante el fracaso que ha tenido el Presidente por imponer leyes autoritarias, así como el frenó de sus megaobras.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, argumentó que con la reforma «no estamos afectando derechos, ni por supuesto que estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos y desde luego tampoco violentamos el principio de constitucionalidad».
En tribuna, aseguró que simplemente estamos de acuerdo con el principio de la relatividad de las sentencias de amparo y del principio de constitucionalidad de las leyes.
La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, dijo que la reforma «se enmarca en el contexto de la confrontación promovida y alimentada desde el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial de la Federación particularmente por el enojo causado por el freno que pusieron los jueces a la actuación inconstitucional del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo en temas que son importantes para la agenda presidencial».
Recordó los casos de la ley de Reforma Eléctrica o las obras de infraestructura que no tenían manifestación de impacto ambiental.
La senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sostuvo que esta reforma «es un paso más hacia la destrucción del juicio de amparo como una herramienta eficiente para defender derechos humanos».
«Pretenden que no puedan suspenderse leyes a través del amparo. Esta es una reacción ante el fracaso que ha tenido el Presidente y la vieja política por imponer leyes autoritarias».
Recordó que las leyes presidenciales que han violado abiertamente la Constitución y que el Poder Judicial ha suspendido varias veces son el Plan B electoral de López Obrador; AMLO, las leyes de la Guardia Nacional que transferían esa institución a la Sedena y el «decratazo» que declaraba todas las obras de infraestructura del gobierno como «estratégicas», que ordenaba que no pudiera entregarse su información.
La discusión en lo particular continuó con las reservas de 15 senadores a diversos artículos de la reforma.
