Suchiate (México), 4 jun (EFE).- El flujo de migrantes por el río Suchiate, que separa México de Guatemala, continúa constante pese al refuerzo de las medidas de seguridad de México y a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Son las seis de la mañana, y un grupo de personas cruza ilegalmente este caudaloso río, entre ellos extracontinentales que huyen de sus naciones buscando un futuro mejor en México y los Estados Unidos.
Guiados por otros compañeros de la misma nacionalidad, buscan trasladarse a las oficinas de la estación migratoria siglo XXI ubicada en el municipio de Tapachula, unos cincuenta kilómetros de distancia de esta frontera entre Guatemala y el suroriental estado de Chiapas.
La africana Ayop ejemplifica este éxodo de miles de kilómetros.
Su travesía desde Duala, Camerún, hasta México no ha sido nada fácil y ha durado más de tres meses, en los que ha cruzado países peligrosos.
«Ha sido lo más difícil que he hecho en la vida. Lloró todo los días», expresó a Efe unos minutos después de tocar tierra mexicana.
Según explica Ayop, su migración se debe a una mala gobernabilidad en su país vinculada con una excesivo centralismo del sistema político y a unos elevados índices de corrupción que azotan su natal país.
Cuenta que su travesía comenzó en Duala y de ahí voló hasta Ecuador, atravesó la jungla colombiana, la selva de Panamá y cruzó Costa Rica, Honduras y Guatemala.
«Y ahora estoy aquí», dijo la joven de 21 años, desconcertada de estar en un país no conocido pero convencida de que solicitará «asilo a México».
Ayop es una persona más entre las decenas de miles de migrantes -la mayoría de ellos centroamericanos- que cruzan de manera irregular cada año el territorio mexicano, exponiéndose a la corrupción de las autoridades y a la violencia del crimen organizado.
El volumen de personas ha crecido en los últimos meses coincidiendo con el fenómeno de las caravanas, que ha causado choques diplomáticos entre naciones y elevado la tensión con Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, quien la semana pasada anunció que aplicaría aranceles -del 5 % y hasta el 25 %- a todos los productos mexicanos si no controlaba el flujo.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (Inami) de México, en abril se deportaron 14.970 personas, casi triplicando las 5.717 de diciembre, cuando comenzó la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Ayop espera que las autoridades les den una tarjeta de visitante por razones humanitarias para lograr llegar a Estados Unidos, como lo ha obtenido Kimbangu Nzenza Pitagor y uno de sus hijos, ambos de originario de Kinshasa, en la República Democrática del Congo.
Él espera paciente que su esposa y hijo de nueve meses sean beneficiados también con esta tarjeta, para poder iniciar el camino en familia, ya que no pueden retroceder.
«Mi hermano pagó 500 dólares para que un general me dejara huir (de Kinshasa) Y cuando él me dejó huir me fui a Angola, donde conseguí un pasaporte y vine a Ecuador con toda mi familia. Despacio caminamos, caminamos una semana, ocho días para llegar a Panamá», indicó.
El africano expresó que viajar a Europa no era una buena opción no porque fuera peligroso, sino porque consideraba que no encontraría trabajo.
En cambio, piensa que de llegar a los Estados Unidos encontrará refugio, trabajo y un lugar seguro para su familia.
El trayecto «fue muy peligroso. Vi cómo murió una mamá con tres hijos, mientras esperaba al papá. Y otra mujer murió ahogada, se la llevó el río en Panamá», explicó.
Así como Kimbangu, se estima que más de 2.000 migrantes que no son del continente americano llevan meses varados en Tapachula y otras localidades cercanas.
Solo espera los documentos para continuar su viaje a lado de su familia y dejar atrás el horror que vivió en su país y de los peligros que se enfrentó para llegar hasta México.
