Sergio Sarmiento
Agencia Reforma
«El derecho a la salud se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizarlo, porque pueden haber enunciados, pero no se cumplen, no se lleva a la realidad.»
Andrés Manuel López Obrador
La posición del Presidente ha cambiado. El 24 de enero afirmaba: «No hay desabasto». Anunció entonces una investigación para saber si la empresa Pisa, cuya planta de producción de medicamentos oncológicos pediátricos fue cerrada por Cofepris, se había coludido con directivos del Hospital Infantil Federico Gómez para crear una escasez artificial de estos productos. Posteriormente, reconoció que sí había desabasto y comenzó a comprar medicamentos en el extranjero, más caros que en México, pero el desabasto no ha terminado.
Para el Presidente el tema de fondo es que antes había corrupción, pero la situación ya se resolvió. «Había mucha corrupción también en el sector salud, se robaban hasta el dinero de las medicinas», dijo el 26 de enero en Monterrey. Lo curioso es que cuando había corrupción sí había medicamentos, mientras que hoy, que supuestamente ya no hay corrupción, no hay medicinas.
La verdadera razón del desabasto no es la corrupción, sino la incapacidad. «Descarrilaron el sistema de compras de medicamentos en el país», señala Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud. Antes, el Gobierno adquiría medicamentos con «dos o más licitaciones al año», en «compras consolidadas bien hechas por el IMSS», pero el nuevo Gobierno cambió el sistema por decreto y dio la responsabilidad a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la cual no tenía ni experiencia ni conocimientos sobre el tema. Por presión del Gobierno se impusieron precios de referencia demasiado bajos, lo cual hizo que muchas de las «claves» quedaran desiertas. Los medicamentos simplemente se dejaron de adquirir.
El Gobierno decidió también eliminar a las empresas de distribución, que tenían experiencia y capacidad para llevar medicamentos a todos los rincones del país. Ahora, ha creado por decreto un monopolio gubernamental para la distribución. No sabemos si el nuevo monopolio será eficiente, pero sí que carecerá de la experiencia de décadas de las distribuidoras comerciales. La curva de aprendizaje la pagarán los enfermos.
«Desordenaron todo el sistema de compras y adquisiciones, no sólo para los medicamentos de alta especialidad, como para los niños con cáncer, sino también para medicamentos muy básicos», señala el doctor Tello. La situación será todavía más complicada cuando llegue la vacuna para el Covid-19, en lo que será «el esfuerzo de inmunización más importante de la historia. Se necesita alguien que sepa hacerlo».
Mientras tanto, los pacientes se están quedando sin medicinas. Un doloroso artículo de Arcelia Becerra para el AM de León y el Reforma narraba ayer el caso de Maribel, una chica de 13 años con leucemia linfoblástica aguda en la clínica 49 del IMSS en León. Durante 21 días ha estado a la espera de unos medicamentos que nunca llegan y que su madre, cortadora de brócoli en el campo, no puede comprar con ingresos de entre 800 y 1,200 pesos semanales. La idarrubicina está agotada, pero el precio sería de 7,500 pesos, mientras que el dexrazoxane está en 5,500.
El IMSS ofrece estos medicamentos sin costo, lo cual significa una esperanza para Maribel, pero de nada sirve si no llegan al hospital. Eso es algo que los políticos no parecen entender.
Mismas reglas
Trump ha ordenado al Gobierno de Estados Unidos comprar primero medicamentos hechos en su país, pero en México López Obrador quiere importarlos todos. La industria farmacéutica nacional simplemente pide que la Cofepris sea «garante sanitario de todos los medicamentos que se compren vía las Naciones Unidas», o sea, que se apliquen a las importaciones las mismas reglas que a la producción nacional.
Twitter: @SergioSarmiento
