Mientras que no exista una estabilidad en los precios de los insumos para la producción de tortilla y no se regulen a los informales no será viable establecer un tope en el precio de este alimento, indicó el secretario de la delegación Aguascalientes del Grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla, Alfonso Anaya Castro.Insistió en que dicha medida es bastante complicada debido a que la economía no obedece a un capricho o sea por un decreto, sino que a una oferta y demanda.
“Nosotros como el penúltimo eslabón de la cadena productiva somos lo que recibimos todos los trancazos en cuanto a los aumentos, solamente procesamos el maíz y producimos tortilla y masa”, manifestó el industrial.
Y de manera tajante dijo que “el gobierno no quiere entender o captar que el problema fundamental de la industria es la informalidad, es decir todos aquellos no están dados de alta en Hacienda y el IMSS”.
Bajo este contexto mencionó que para lograr una reducción en el precio de la tortilla se requiere del apoyo de los demás eslabones de la cadena de producción.
Por ejemplo apuntó que se necesita que el costo del maíz, la harina o el gas no aumenten; además de que el aluminio y el acero no se impacten con los aranceles, ya que de manera inmediata incrementaran las refacciones para el equipamiento.
“No es sencillo que gobierno y los productores podamos llegar a un acuerdo al respecto, porque en tan sólo dos meses ya se incremento el maíz y a inicio de año hubo un aumento salarial”, consideró Alfonso Anaya.
Asimismo el industrial indicó que el precio de la tortilla no es uniforme en todo el país y que existen los productores que operan en la formalidad e informalidad, por lo que se deberá pensar en la manera de meter en cintura a estos últimos.
Mencionó que hasta el momento no se les ha dado a conocer por parte del gobierno cuál será el precio accesible que se les dará del maíz y el de mayoristas de la harina.
Por último hizo referencia a unos datos del INEGI donde se señala que dentro de la industria existe un aproximado de 70 mil mujeres a nivel nacional que son jefas del hogar no tienen derecho a la seguridad social, “lo cual pone en entredicho la postura del gobierno federal de que dicho sector es importante”.
