Una vez que la Sala Administrativa emita la resolución del juicio de nulidad que se presentó contra el Gobierno por la desactivación arbitraria de 86 autobuses de transporte urbano, los afectados demandarán ante las instancias federales la protección de derechos, incluyendo la reparación de los daños que se están generando por la acción ilegal de no permitir la salida de los camiones, anunció el presidente de la Línea Express, Jaime Carranza Ochoa.
Luego de señalar que por el momento y mientras no resuelva la Sala Administrativa no podrá haber pláticas o negociaciones con las autoridades que decidieron suspender los camiones sin haber seguido el procedimiento respectivo y contra cuyos actos se promovió el juicio de nulidad, el dirigente de los transportistas afectados señaló que después de que pase este “trago amargo” se buscará el amparo de la justicia federal para que cese el hostigamiento de las autoridades locales.
“Si fueron capaces de violar la ley y luego de amedrentar enviando toda una artillería pesada de elementos policiacos para impedir la activación de los camiones que fueron inhabilitados, qué no serían capaces de hacer, por lo que esperamos que la resolución de la Sala Administrativa esté apegada a derecho y enseguida nos iremos a la instancia federal para tramitar el amparo y para que se nos reparen los daños que se están provocando por la acción ilegal cometida en nuestra contra”, mencionó el presidente de la Línea Express.
Sostuvo que es totalmente ilegal la desactivación de las 86 unidades de la línea que representa, debido a que estos autobuses no se manejan con permiso, como lo han argumentado las autoridades, sino mediante una concesión, de manera que el procedimiento que se realizó y que llevó a la suspensión de los autobuses está viciado de origen, por lo tanto, hay confianza en que la Sala Administrativa resuelva a favor de los demandantes y ordene la reactivación de los camiones que están varados desde hace más de una semana.
“Se tiene confianza en que en el Tribunal Administrativo se revocará la disposición de la desactivación de las unidades porque se violó la ley por parte de las mismas autoridades”, insistió, al mismo tiempo de señalar que después de que se conozca la resolución a la nulidad solicitada se buscará el amparo federal para que se les permita trabajar y para que se les repare el daño económico provocado por la inhabilitación de los autobuses.
