lunes, diciembre 5, 2022
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Tras despenalización, practican 17 abortos en Baja California Sur

LA PAZ, BCS., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Un total de 17 interrupciones legales del embarazo se han practicado en Baja California Sur desde junio pasado en que se aprobó la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

La Secretaría de Salud (SSA) en BCS confirmó que ya definió los protocolos y realizó capacitaciones así como la integración del equipo médico no objetores de conciencia a fin de cumplir con la ley.

Zazil Flores Aldape, titular de la SSA, declaró que se ha atendido “la totalidad de las solicitudes planteadas por mujeres en unidades médicas estatales”, las cuales suman 17, dijo, y estos procedimientos se han realizado en su mayoría con medicamento, en consenso con la persona, considerando factores de riesgo y edad gestacional.

“Mediante la capacitación de unidades médicas estatales y de su personal operativo, así como con la elaboración e implementación de protocolos para la atención oportuna y segura de las usuarias, los nosocomios operados por la Secretaría de Salud en la entidad están preparados para otorgar este servicio”, añadió.

Las solicitudes han sido atendidas en un periodo no mayor a cinco días, como lo marca la legislación vigente –refirió– y se encuentran habilitados espacios en las unidades médicas de todo el estado, los cuales han sido denominados Servicios de Aborto Seguro (SAS).

De acuerdo con la funcionaria se ha iniciado una campaña de información en redes sociales para que las usuarias que deseen acceder a esta atención lo puedan hacer.
Con todo, hace una semana, en el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto Legal y Seguro, la Asamblea Feminista en BCS emitió un pronunciamiento en donde recalcó que la “estigmatización sigue en las unidades de salud” hasta donde llegan mujeres solicitando atención y se les trata con violencia, afirmaron.

Durante una protesta afuera del Hospital General Juan María de Salvatierra en La Paz, un grupo de feministas reclamaron a las autoridades la falta de capacitación -acusaron- para que el personal atienda en un contexto “seguro, con información veraz y libre de juicios”.

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