“Que a todos se les castigue por igual, no a unos más y a otros menos”, apuntó el senador Antonio Martín del Campo con respecto a la detención de quien fue el primer gobernador panista en México, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que a funcionarios y mandatarios de Morena se les protege desde el Gobierno Federal.

En este sentido, condenó el trato que, dijo, se le está dando a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por desmantelar junto con el Ejército Mexicano un narcolaboratorio en dicho Estado. “A ella la quieren crucificar”. Por otro lado, señaló la protección que, afirmó, se le brinda por parte del Gobierno Federal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, señaló que el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, es una prueba evidente de que ella sabe algo, por lo que está dispuesta a colaborar con Estados Unidos y proporcionar información; “con tal de salvar su pellejo”. Asimismo, el legislador indicó que lo más grave es que el gobierno mexicano no la ha mandado citar ante la Fiscalía, como sí lo ha hecho con otros.

Subrayó que a cualquiera que se le encuentre culpable, se le castigue con todo el peso de la ley, además de que no se busque generar una cortina de humo por parte del Gobierno Federal para tener un distractor.

Por otra parte, el legislador blanquiazul lamentó que las instituciones de procuración de justicia del país estén siendo utilizadas, a su juicio, como un brazo político para perseguir a la oposición en lugar de combatir la verdadera delincuencia. Martín del Campo insistió en que el pueblo de México exige una justicia imparcial, donde el color del partido no sea un factor determinante para decidir si se investiga o se exonera a un funcionario público.

Concluyó que la verdadera democracia se construye con transparencia y equidad institucional, por lo que no permitirán que el uso faccioso del poder se convierta en la norma de cara a los próximos escenarios políticos del país.