Aguascalientes.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Aguascalientes dispone de un plazo no mayor a treinta días para resolver la permanencia de la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, actual presidenta del Poder Judicial, quien se encuentra envuelta en un grave escándalo tras ser denunciada por un abogado como presunta responsable del delito de privación ilegal de la libertad.
El presidente de esta Comisión legislativa, Guillermo Alanís, aseguró que el asunto deberá resolverse dentro de este plazo con la votación de los 27 legisladores, esto luego de la publicación del acuerdo legislativo para la evaluación del desempeño para la reelección de la funcionaria.
El legislador sostuvo que Espinosa Castorena será evaluada e investigada con amplitud y seriedad para determinar la viabilidad de su reelección, o en caso contrario de su posterior sustitución en caso de que el fallo no le fuera favorable por parte de los diputados locales.
Cabe recordar que se ha cuestionado el desempeño de la magistrada Gabriela Espinosa luego de que fuese acusada por un abogado de haber perpetrado en su contra un suceso con las características del delito de privación ilegal de la libertad, denuncia que fue del conocimiento del Congreso del Estado mediante una filtración hecha llegar a la Comisión encargada de juzgar el desempeño y la honorabilidad de la funcionaria para alcanzar su reelección en esta alta posición.
El pasado lunes 28 de septiembre, se dio a conocer en el programa INFOLÍNEA que conduce el periodista José Luis Morales, la existencia de la mencionada denuncia entablada por el abogado Mario Sierra Valle, misma que por causas desconocidas no fue integrada en los documentos solicitados por el acuerdo legislativo dirigido a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto la detección de denuncias interpuestas en contra de la magistrada.
En su oportunidad, y en el marco del mismo programa informativo, el diputado Heder Guzmán Espejel, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local, estableció que esta omisión constituía una grave falta a los principios de certeza jurídica.
Diversos sectores, tanto públicos como privados y sociales, han cuestionado severamente la responsabilidad ética y legal de la actual magistrada en funciones de presidenta, pronunciándose en algunos casos a favor de su obligada separación del cargo para que el proceso de su ratificación sea transparente y esté libre de sospechas.
Es importante destacar que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado es el que tiene la última palabra para decidir si Gabriela Espinosa permanece en su cargo como magistrada y, en consecuencia, en la presidencia del Supremo Tribunal, ya que quien preside este poder debe tener el cargo de magistrado.
