San Francisco (CA), 28 feb. (EFE News).- Un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió temporalmente un fallo judicial previo con el que había ordenado el bloqueo de la política migratoria del Gobierno que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera a tramitar sus casos desde México.
El tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), aprobó por unanimidad que siga aplicándose temporalmente el Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como el programa «Permanezcan en México», horas después de haberlo suspendido.
Con esta decisión, el tribunal de apelaciones ha dado al Gobierno del presidente Donald Trump hasta la noche del próximo lunes para que presente sus argumentos a favor del mantenimiento permanente de la medida, para que las organizaciones que han impugnado la medida por la vía judicial puedan responder con los suyos antes de la noche del martes.
El Departamento de Justicia alegó cuestiones de «seguridad nacional y pública» para la suspensión de nuevo de la medida, que según el Gobierno afecta actualmente a al menos 25.000 personas que permanecen en México para la tramitación de sus peticiones de asilo y que podrían ingresar masivamente al país con esa decisión.
De hecho, las autoridades llegaron a ordenar el cierre temporal del paso fronterizo que une El Paso (Texas) con la localidad mexicana de Ciudad Juárez, después de que grandes grupos de solicitantes de asilo pretendieran cruzar la frontera tras conocer el fallo judicial inicial que suspendía la medida del Gobierno.
En la decisión inicial, dos de los tres jueces que conforman ese tribunal, Richard Páez y William Fletcher, ambos nominados por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), determinaron que esta práctica no respeta las leyes de inmigración y ordenaron su paralización.
Mientras, el tercer magistrado de la corte, Ferdinand Fernández, nominado por el republicano George H. W. Bush (1989-1993), emitió una opinión contraria.
MPP fue impugnado por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, sigla en inglés) por considerar que «el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por EE.UU.» en materia de migración y asilo.
Entre esas obligaciones se halla la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, algo que los demandantes aseguran que ocurre en México con los solicitantes de asilo, donde pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate.
El pasado 8 de abril, el juez federal de San Francisco Richard Seeborg ya había ordenado al Gobierno bloquear esta política migratoria, pero la Casa Blanca recurrió y el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito dejó también temporalmente sin efecto la suspensión, de manera que las autoridades migratorias pudieron seguir enviando a México a solicitantes de asilo.
De volver a suspender al medida después de escuchar de nuevo los argumentos del Gobierno y de los demandantes, el caso podría acabar siendo dirimido por el Tribunal Supremo.
La organización American Inmigration Council calcula que cerca de 60.000 personas que buscaban asilo en EE.UU. han sido devueltas a México en el marco de este programa, y que solo se ha concedido asilo a 263.
Desde el inicio de su aplicación, hace poco más de un año, se ha informado de al menos 816 casos de asesinato, torturas, violación, secuestro y otros ataques contra las personas acogidas a este programa, mientras esperaban en México la resolución de sus expedientes migratorios en EE.UU., denunció el grupo.
