México, 30 oct (EFE).- Las aplicaciones de transporte privado, como Uber, Cabify y Didi, afrontan un nuevo obstáculo del Gobierno mexicano por presiones del Movimiento Nacional de Taxistas (MNT), que acusan a las empresas privadas de «competencia desleal» y prestar servicio en zonas no permitidas.
El Gobierno mexicano despertó confusión este miércoles tras acordar revisiones a los prestadores de transporte de pasajeros en las zonas de competencia, como los aeropuertos, en una reunión este martes entre los taxistas y Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras las críticas ciudadanas y las versiones de que en los operativos participaría la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado por policías y militares creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Segob aclaró este miércoles que no está en contra de algún prestador de servicios en particular.
«No existe ningún operativo especial con Guardia Nacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia ley», escribió Peralta en Twitter.
La reunión entre el MNT y la Segob es parte del compromiso alcanzado tras las protestas del 7 de octubre, cuando miles de taxistas detuvieron sus vehículos en las principales vías de varias ciudades del país en protesta contra aplicaciones de movilidad.
El líder del grupo de los taxistas, Bersaín Miranda, ha asegurado que los trabajadores del grupo, cerca de 650.000 en todo el país, han perdido hasta un 40 % de sus ingresos desde que las «empresas depredadoras» empezaron a operar.
En una tarjeta informativa de Segob, Peralta detalló que «no se trata de realizar operativos, sino de apegarse a la ley», ya que los aeropuertos son zona federal y ningún vehículo puede prestar servicios de transporte sin una concesión federal, como los taxis que operan en las terminales aéreas.
«En el caso concreto de las aplicaciones móviles es un tema que no se tiene contemplado en la ley, por lo que en ese caso habría que revisar el modelo de negocio y funcionamiento, pero eso compete a las autoridades correspondientes, quienes determinarán el marco legal en el que dichas aplicaciones podrían operar», aseveró.
El subsecretario prometió establecer una «mesa de gobernabilidad por el autotransporte federal», en la que la Segob mediará con otras dependencias de gobierno para buscar soluciones viables a sus demandas.
Por ahora, en México no existe una legislación federal para estas aplicaciones, pero sí hay regulaciones locales como en la capital, donde el Gobierno obligará a los conductores a tramitar una nueva licencia, usar una tarjeta distintiva y pasar una revisión obligatoria, algo que también se discute en otros estados.
Pese a esta falta de regulación federal, el Congreso ha discutido gravar estas plataformas, como una tasa de 5,4 % en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) además del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
