México.- El cambio de política migratoria en el México de Andrés Manuel López Obrador se ha hecho más patente que nunca estos días en la frontera sur, con la región militarizada y los centroamericanos que buscan entrar regularmente al país encerrados ante la incertidumbre de recibir asilo o ser retornados.
"Hoy vimos una Secretaría de Gobernación que inició el sexenio dando 13.000 visas humanitarias y ahora tiene una actitud radicalmente distinta", explicó este martes a Efe la coordinadora de la ONG Agenda Migrante, Eunice Rendón.
López Obrador, inició su mandato el 1 de diciembre de 2018 mostrándose muy crítico con sus antecesores en materia migratoria y apostando por los derechos humanos tras el fenómeno de las caravanas de octubre de 2018 que entraron en México para intentar llegar a EE.UU.
México suscribió el mismo día en que López Obrador asumió el cargo un Plan de Desarrollo Integral para atender el fenómeno migratorio en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras-, con el fin de crear oportunidades en la región y frenar la migración forzada.
Semanas después incluso acercó posiciones con Estados Unidos con un plan conjunto de cooperación en el sur de México y en Centroamérica, con inversiones multimillonarias y el afán de frenar la migración promoviendo el progreso.
"Tenemos que ser respetuosos de la libertad, si se introducen a nuestro territorio, garantizarles protección en sus derechos humanos", dijo el 16 de enero de 2019, cuando tenía a las puertas del país una caravana migrante.
En ese entonces, se les dejó entrar en México y, de hecho, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó 13.270 tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Aunque tuvo una gran lentitud burocrática, este programa permitía residir en el país y facilitaba cruzarlo hasta llegar a Estados Unidos, y buscaba conectarlos incluso con diversas ONG para reforzar la asistencia.
UNA AMENAZA QUE LO CAMBIÓ TODO
Pero a lo largo del año, la posición de un López Obrador cada vez más atenazado por el discursos antimigración del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, fue modificado.
A mediados de abril, el presidente reconoció en sus conferencias matutinas que se estaba bloqueando el "libre paso" alegando "cuestiones de seguridad". "En el norte hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes en otros tiempos", se excusó entonces.
Pero el cambio de paradigma definitivo llegó el 30 de mayo, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos hasta que se "remedie el problema de la inmigración ilegal".
Días después, el 7 junio, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para frenar la migración que, en la práctica, supuso el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional a lo largo del país, y especialmente en la región sur, para controlar la migración.
Este conflicto "hizo cambiar radicalmente la política migratoria" de México, subrayó a Efe Eduardo González, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.
El 14 de junio dimitió como titular del INM Tonatiuh Guillén, académico experto en temas migratorios. En su lugar, asumió Francisco Garduño, hasta ese momento responsable de la gestión de las cárceles del país.
El giro de timón tuvo sus "éxitos" de cara a Estados Unidos.
Trump bajó el nivel de exabruptos, retiró la amenaza arancelaria e incluso expresó sintonía con López Obrador.
El 26 de diciembre, México presentó un informe anunciando una reducción del 70 % del número de personas que llegan a su frontera con Estados Unidos. Se pasó de 144.116 migrantes interceptados en mayo a 42.710 en noviembre.
Paralelamente, desde enero fueron repatriados a sus países de origen a 178.960 extranjeros, según datos oficiales.
López Obrador "no ha sabido manejar la presión que Estados Unidos está haciendo", opinó Rendón.
UNA NUEVA CARAVANA, UNA NUEVA REALIDAD
Las nuevas medidas parecían haber disuadido a los migrantes de viajar en caravana. Hasta mediados de enero, cuando miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría de Honduras, empezaron un nuevo éxodo hasta cruzar México.
Este fin de semana, centenares de migrantes se agolparon en la frontera entre México y Guatemala. Principalmente en dos puntos, en el cruce tradicional de Tecún Umán (Guatemala) con Ciudad Hidalgo (México), separados por la frontera natural del río Suchiate.
Y por otra ruta menos habitual, en el puerto fronterizo El Ceibo, que une ambas naciones por el suroriental estado de Tabasco, más al norte.
López Obrador ofreció 4.000 empleos y atención médico a los migrantes que quisieran quedarse en el sur de México y no prosiguieran hacia Estados Unidos.
El sábado, el INM anunció que permitía el ingreso por grupos de 20, a quienes revisarían su condición migratoria.
Unas 1.000 personas entraron y fueron llevados a la polémica estación migratoria Siglo XXI, según confirmaron a Efe fuentes del INM.
Aunque anhelaban obtener asilo, el pasado domingo un comunicado oficial fue claro y contundente: "En la mayoría de los casos y una vez revisada la condición migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen".
Este lunes, centenares de migrantes cruzaron el río Suchiate a fin de entrar en territorio mexicano irregularmente luego de que el Gobierno rechazara su solicitud formal de ingreso.
Ellos lanzaron piedras y la Guardia Nacional los repelió con gases lacrimógenos. El INM informó que 402 migrantes habían sido arrestados horas después y que se buscaba a 58 escondidos en la selva.
Nunca antes se había ejemplificado tanto el cambio de política migratoria: Si hace un año les daban una visa y les apoyaban con trabajo y posibilidad de tránsito, hoy los cazaban a escasos metros de las frontera para deportarlos.
"Trump cumplió a cabalidad su promesa de levantar un muro, él nunca fue claro sobre la naturaleza del muro pero siempre dijo que iba a pagar ese muro México. Y lo está haciendo con el pago de la Guardia Nacional. Es un muro humano", remarcó González.
Tras cuatro días de crisis en la frontera, López Obrador por fin se pronunció este martes sobre el tema y defendió su misma verdad de antes, pero con muchos matices: "Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos" y se les debe registrar para protegerlos de las "bandas de delincuentes" si llegan al norte.
