JUCHITÁN, Oax., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Hace exactamente un año, en octubre de 2021, en San Mateo del Mar se logró algo histórico: por primera vez cinco mujeres fueron electas como regidoras en el Ayuntamiento, gracias a que el Congreso de Oaxaca aprobó un año antes el Decreto 1511, que estableció la obligatoriedad de la paridad de género a más tardar en 2023 para los municipios que se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas (SNI).
Aunque la asamblea confirmó la participación de las mujeres en cargos de elección popular, ni entonces ni en las elecciones de agosto pasado San Mateo del Mar alcanzó la paridad establecida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO).
Para la organización Mujeres 8 de Marzo, que forma parte del Observatorio de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, estos logros en comunidades indígenas están en riesgo de caer si en las elecciones siguientes los hombres deciden apegarse al argumento de autonomía y libre determinación, echando mano de la reciente modificación al Tercero Transitorio del Decreto 1511, con el que el cumplimiento de la paridad en municipios bajo SNI queda establecido como «gradual» e indefinido.
«Es grave lo que hicieron los diputados y diputadas, es un retroceso de muchos años de lucha para avanzar en la paridad en las comunidades por Usos y Costumbres, es un golpe a los espacios ganados a base de golpes, insultos, estigmas en los pueblos.
«Se tomó una decisión basándose en la propuesta de mujeres de Ixtlán de Juárez, pero este retraso no generará cambios estructurales a favor de las mujeres.
Pedimos que en las comunidades donde ya se avanzó en la paridad que se respete y se garantice que las electas desempeñen sus funciones sin violencia; en esas comunidades pedimos no revertir el avance de paridad», expone Rogelia González Luis, representante de Mujeres 8 de Marzo.
La agrupación se sumó a la petición de que el gobernador Alejandro Murat vete la reforma y que la paridad de género obligatoria siga fijada para 2023, pero además que el estado vigile y garantice el principio de progresividad, que los municipios que están por tener elecciones hagan lo posible por alcanzar la paridad y no revertir el número de mujeres en la toma de decisiones.
Por su parte, la abogada zapoteca Karina Regalado puntualiza que ni la modificación de 2020 ni la de 2022 fue consultada con las mujeres indígenas de Oaxaca, pues una protegió los derechos de algunas mujeres, mientras otra cubrió a otro grupo; pero es momento, dice, de hacer alianzas y exigir al estado las condiciones para lograr la paridad sin violencia.
«El tema lleva a replantear en qué lugar estamos plantadas las mujeres indígenas en cuanto a participación y violencia política que se vive tanto en sistemas normativos como partidos políticos. ¿Nos afecta o no? Mi respuesta es sí y no, tienen razón las mujeres de Ixtlán, pero también tienen razón las mujeres indígenas que están en partidos políticos y en sociedades empoderadas en tema de paridad.
«Las mujeres de Ixtlán no reciben pagos por sus cargos; estas mujeres dicen ‘sí, tenemos que estar, pero tú, estado, garantízanos que haya condiciones de igualdad frente a los varones, pero también sabemos que lo que no está escrito en la ley no obliga’, desde esta perspectiva lo ven las mujeres indígenas en partidos políticos», indica.
La activista considera que con la nueva reforma, los hombres no permitirán el paso a las mujeres que participarán en las próximas contiendas electorales en municipios regidos por SNI: «dirán que siempre no, hasta que estén preparados», lo que beneficia al Estado, asegura la abogada Karina Regalado, pues éste sabe que no puede cumplir con garantizar la paridad sin violencia política.
