En una decisión inédita, ayer el Departamento estadounidense de Justicia decidió retirar los cargos contra el General Salvador Cienfuegos, quien fuera, en el sexenio pasado, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este espectacular e inesperado anuncio lo hizo en un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República, y las reacciones, obviamente, no se hicieron esperar; la noticia fue recibida con beneplácito en casi todos los sectores del país, porque su detención, como si fuera un delincuente, cimbró a todas las estructuras, dado que fue el primer General de alta jerarquía acusado por varios delitos, todos ellos graves, y lo que es peor, por un Gobierno extranjero.
México, un poco a toro pasado, levantó la voz y exigió explicaciones sobre la que fue considerada en su momento arbitraria decisión, ya que el militar de alto rango fue aprehendido a su llegada a Los Ángeles, California, acompañado de su esposa, hijos y nietos, y pidió explicaciones a las autoridades estadounidenses a través de la Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard.
El General Cienfuegos, al sentarse en el banquillo de los acusados, por supuesto que negó todas las imputaciones, todas ellas graves, entre las que figuraban la producción, distribución e importación de múltiples kilos de drogas, además de lavado de dinero por beneficios del narcotráfico.
La explicación, según se dio a conocer en el transcurso de la tarde, era que había un trato con las autoridades mexicanas para que el General fuera juzgado en nuestro país, si es el caso, lo que se espera no sea así, pues anoche mismo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el General Cienfuegos arribará al país como un ciudadano más, sin cargos y con plena libertad.
Una vez que llegue a México, será la Fiscalía General de la República la que determine si se lleva a cabo o no un proceso en contra de Cienfuegos.
Lo que sigue a continuación, es que las autoridades de nuestro país determinen, según sus investigaciones y pruebas, si el ex-titular de la Sedena tendrá que rendir cuentas o bien, quede libre de todos los cargos.
Lo anterior lleva a pensar que en todos los ámbitos hay que pensar antes de actuar, pues esto parece ser una pifia de las autoridades de ambos países, lo que seguramente se aclarará, según sea el caso, o veremos que la justicia haga su parte y condene al General por los delitos que se le podrían fincar en este país.
Ésta es una historia que lejos está de terminar, pero que sin duda sienta un precedente para la justicia de nuestro país.
