México, 26 nov (EFE).- Víctimas de un sacerdote pederasta denunciaron este martes como una “farsa” el informe presentado por los Legionarios de Cristo en el que reconocen abusos del cura, y aseguraron que la estructura de encubrimiento dentro de la congregación sigue intacta.
Asimismo, indicaron que en breve presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía del estado de Quintana Roo contra el religioso y sus cómplices.
En una conferencia de prensa en Ciudad de México, Belén Márquez, de 34 años, dijo haber sido víctima del cura Fernando Martínez Suárez cuando tenía seis o siete años en el Instituto Cumbres de Cancún, gestionado por esa agrupación religiosa, y del “encubrimiento sistemático de los Legionarios de Cristo”.
Sobre el informe divulgado el 22 de noviembre pasado por esa congregación a raíz de una investigación realizada por la organización católica estadounidense Praesidium -por encargo de los Legionarios-, reconoció que expone el historial de abusos del sacerdote.
Pero señaló que el texto no menciona a los responsables que gestionaron las denuncias y solo menciona a Martínez y a Marcial Maciel (1920-2008), sacerdote mexicano fundador de los Legionarios y acusado de abusar sexualmente de miembros de la congregación y discípulos.
El informe señala que un padre de familia acusó en 1969 a Martínez de haber abusado de su hijo de entre 4 y 6 años en el Instituto Cumbres de Ciudad de México. Los superiores de aquel entonces informaron a Maciel, quien decidió trasladarlo a Saltillo, estado de Coahuila, sin informar a las autoridades civiles ni eclesiásticas.
La investigación fue realizada a raíz de la acusación hecha por Ana Lucía Salazar, quien denunció la violación que sufrió por parte del sacerdote en 1992 cuando era estudiante en Cancún.
“El abuso sexual es un crimen y el encubrimiento también, y la Legión de Cristo debe asumir y mencionar a quienes gestionaron el caso”, dijo Márquez.
Mencionó específicamente a Eloy Bedia, “que en ese entonces fue director territorial de la Legión de Cristo y fue a Cancún a hablar con las mamás de las víctimas para decir lo que supuestamente se haría con el padre Martínez”.
Por su parte, Biani López dijo haber sido víctima de Martínez de los 8 a los 10 años, y que además fue obligada a ser testigo de los abusos contra otras niñas.
“Los daños que eso ha causado en mí han sido permanentes. Hasta el día de hoy sigo sufriendo las secuelas y apenas hoy soy capaz de hablar, dar la cara y mi nombre, y alzar la voz contra estos abusos que truncaron mi infancia y destruyeron gran parte de mi vida”, declaró con voz entrecortada.
Afirmó que hay “muchísimas víctimas” además de las seis que se citan en el informe.
López refirió que Praesidium nunca intentó investigar a Bedia ni a Aurora Morales, “quien era prefecta de disciplina y maestra de moral en el colegio (Cumbres de Cancún), y nos sacaba de los salones para llevarnos a las oficinas del padre Martínez y a la capilla, donde abusaba de nosotros”.
Calificó la investigación de “una simulación y una farsa”, y que lo que hizo Bedia para encubrir a Martínez “es lo mismo que está haciendo Praesidium hoy, que es lavarle la cara a los Legionarios”.
“Los mecanismos de encubrimiento de 1993 son exactamente los mismos de hoy. El sistema sigue siendo el mismo, y mientras ese sistema prevalezca, no podemos asegurar que no siguen sucediendo esos abusos”, acotó.
Finalmente, el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que las conclusiones del informe llaman a la “reconciliación”.
“No hablan de acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño; de sanción, de medidas de no repetición, de prevención de esos mismos actos que se siguen cometiendo al interior de los Institutos Cumbres”, declaró.
Señaló que el Grupo de Acción trabaja con las víctimas para presentar antes de que finalice el año una denuncia penal ante la Fiscalía de Quintana Roo contra el sacerdote y sus cómplices.
Indicó que, en vista de los años transcurridos desde los abusos, se procurará hacer que prevalezca el criterio de que los abusos sexuales contra menores son imprescriptibles. “Es un reto”, acotó.
