CULIACÁN, Sin., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).-
Como sucedió hace 7 días con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, ahora el secretario general de esa casa de estudios, Robespier Lizárraga Otero, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
¿De qué acusan al secretario general de la UAS?
Al funcionario universitario se le imputa no haber permitido que personal de la Auditoria Superior del Estado tuviera acceso a los archivos contables de la institución para practicarles una revisión al ejercicio de los recursos estatales correspondientes al 2022.
Durante la audiencia inicial que en 5 ocasiones anteriores se tuvo que diferir por diversas causas, el juez de control concedió hasta el próximo dia 21 de noviembre el plazo para concluir la investigación complementaria.
En el desarrollo de la audiencia, la representación social que existen documentos de las transferencias de dos mil 245 millones de pesos que el gobierno estatal realizó en el año 2022 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, como parte del subsidio estatal.
La parte acusadora, estableció que, en marzo pasado, Lizárraga Otero, en ese tiempo, con cargo de abogado general de la Máxima Casa de Estudios esgrimió que la Auditoria Superior del Estado no tenía facultades para revisarlos contablemente, porque la institución recibe recursos de carácter estatal.
En un nuevo juicio, la semana pasada, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina fue vinculado a un segundo proceso por el delito de ejercicio indebido de la función Pública, relacionado con las compras de 45 millones de pesos en tortillas para casas de estudiantes.
Durante una larga audiencia, el Juez de Control, también, vinculó a proceso por el mismo delito, al exrector, Juan Eulogio Guerra Liera y a los miembros del Comité de Adquisiciones de la institución de educación superior.
En la audiencia que tuvo una duración extendida, la defensa de los imputados, refutaron los datos aportados por la representación social, en el sentido que las compras de las tortillas en época de pandemia de COVID-19, fueron sobre la base de 60 pesos el kilo, precio por encima de los valores del mercado.
Los defensores legales de los funcionarios universitarios, esgrimieron que el ministerio público tomó como base, 703 CFDI que fueron emitidos en forma errores y luego cancelados como lo establece la ley, por lo que los datos aportados no son reales, ya que las tortillas fueron adquiridas a un precio de 18 pesos el kilo.
