La violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas durante la labor de parto o en el puerperio, es decir, constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Entre las situaciones de violencia que experimentan las mujeres durante la atención obstétrica, se encuentran maltrato físico, humillación, abuso verbal, procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo, para realizar una cesárea, violación a la confidencialidad, violación a la privacidad, obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia en la información, negación al tratamiento y la detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar.
INICIATIVA VICTORIA
A raíz de la violencia obstétrica, el Observatorio de Violencia Social y de Género dirigió a la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad en el Congreso Local, una propuesta de reforma al Código Penal de Aguascalientes con el objetivo de abordar la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el Estado. La presidenta-fundadora del Observatorio, Mariana Ávila Montejano, explicó que dicha propuesta consiste en la incorporación del nuevo tipo penal, específicamente diseñado para sancionar la violencia obstétrica, que puede ocurrir durante el embarazo, el parto y el puerperio. La activista señaló que la propuesta busca abordar acciones u omisiones por parte del personal de salud o de cualquier persona involucrada en la atención, que causen daño físico o fisiológico a la mujer o persona gestante, vulnerando los derechos reproductivos y atentando contra la dignidad e integridad. Apuntó que al tipificar dicha conducta como delito, se busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como una atención médica digna y respetuosa. Ávila Montejano manifestó que luego de la presentación de dicha propuesta, hasta el momento no se ha comunicado con ella ninguna diputada o diputado con el Observatorio, indicando que en un principio algunos de los asesores de los legisladores se comunicaron para que se enviara el documento, “no le han dado continuidad, no sabemos si sea línea”. Recalcó que el mismo Observatorio se puso en comunicación con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, ya que una de sus responsabilidades es la transversalización y la generación de políticas públicas. “En esta semana nos responden que enviaron la iniciativa al Congreso del Estado y que además están exhortando a la Comisión de Género para que la atraiga y busque presentarla ante el pleno”. La dirigente del Observatorio indicó que los diputados tienen una deuda con las cientos de mujeres en Aguascalientes que han sido víctimas de violencia obstétrica y que hasta el día de hoy no han recibido justicia, “no tenemos la cifra exacta porque hasta el momento no está tipificado y no existe un registro que pueda levantar esa información”. Dio a conocer que las violencias más señaladas son la realización de tactos innecesarios, la realización de cesáreas sin que las mujeres lo soliciten, el maltrato verbal o físico, “decirles flojas, gordas o que nos les expliquen por qué fallecieron sus bebés”. Mencionó que se está a la espera de que se suba al pleno para su discusión, aunque está a punto de llegar la nueva legislatura, pero es momento de ir cabildeando entre las bancadas y apoyar la tipificación del delito de violencia obstétrica en Aguascalientes.
FALTA DE RECURSOS ES UNA VIOLENCIA
Por su parte, el presidente del Colegio de Ginecología, Enrique Valadez Jasso, señaló que la falta de recursos para el Sector Salud para dotar con infraestructura necesaria y especialistas es una violencia, “no es cierto que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca”. Dijo que la carencia de infraestructura, insumos, personal y capacitación del sistema institucional de salud no permite que el personal trabaje debidamente y que los legisladores no toman en cuenta. “Quisiera saber cuántos de los diputados han ido a un hospital público”, cuestionó. Apuntó que el personal médico quisiera que una sala de labor contara con cubículos y todo lo necesario para poder atender a las mujeres gestantes, pero sobre todo que puedan tener su privacidad. Otro punto en que se debe trabajar es en la educación médica, ya que no es válido que llegue un médico con 17 estudiantes y que todos realicen el tacto, por lo que se requieren simuladores y hospitales diseñados para la educación médica, “quienes están en formación y a cargo del paciente lo realicen con el debido respeto y los conocimientos”. Dio a conocer que la violencia obstétrica se considera a todo tipo de agresión que se realiza en contra de la paciente gestante y su bebé, tanto en los servicios públicos como en los privados, “podría ser ambiguo, pero no está justificado en ningún momento”. El ginecólogo anotó que se debe analizar hasta qué punto la ley de violencia obstétrica definirá lo que implica, a que de acuerdo con datos del INEGI en el 2021, la principal causa era el regaño o grito, “considerar que un regaño puede ser muy subjetivo”. Explicó que técnicamente negar alguna atención en la cuestión de salud reproductiva también puede ser considerada como un tipo de violencia. Es necesario que los especialistas tengan una comunicación coherente y lógica con sus pacientes para evitar malos entendidos y se puedan considerar como una violencia, como por ejemplo, cuando se les coloca un dispositivo anticonceptivo sin el consentimiento de la mujer. La realización de la cesárea dependerá de una serie de factores como el tipo de cicatrización de la paciente o la urgencia del procedimiento, razón por la cual es importante la comunicación e información.
MIENTRAS QUE NO SE DENUNCIE, NO SE ACTIVAN LOS MECANISMOS EN LA LEY
La diputada Sanjuana Martínez indicó que el tema de la violencia obstétrica es invisible por la falta de denuncias oportunas por parte de las mujeres, “es importante que lo hagan para que se activen los mecanismos que ya existen en la ley y la protección”. Hizo un llamado a que se deje de normalizar el tema de la violencia obstétrica, por lo que subrayó que en el momento en que las mujeres se sientan incómodas, denuncien. Insistió en que es necesaria la denuncia para que la autoridad se dé cuenta de que existe la violencia, ya que la homologación es la falta de la denuncia. Indicó que se requiere la activación de la ciudadanía, pues podrán existir mil herramientas de trabajo, pero sin la denuncia no se podrán señalar a los agresores, además de que se haga un acompañamiento no nada más en el momento de que se acude ante las autoridades, sino hasta que termine el proceso. La diputada se dijo empática en los temas de agresión hacia las mujeres, por lo que ya ha trabajando de manera conjunta con el Observatorio de Violencia, por lo que se mantendrá de puertas abiertas y con la disposición de una reunión.
