A través del responsable de medios de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el secretario Román Meyer y la directora general de Propiedad Rural de la dependencia, María Estela Ríos González, respondieron a la columna publicada el lunes (“¿Cárcel para Román Meyer?”), en donde se argumentó que contraviniendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se apropiaron de cuando menos 500 hectáreas privadas del predio de Xaltocan, en el perímetro de la Base Militar de Santa Lucía que atraviesa una punta de la pista principal del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, la terminal del tren que conectará con el aeropuerto “Benito Juárez” y una gran extensión donde estará la zona comercial aeroportuaria, que al provocar amparos, ponen en riesgo la obra de infraestructura más importante del sexenio.
La carta elabora una serie de “precisiones”. En el primer párrafo afirma: “Cada una de las etapas del procedimiento de regularización de terrenos alrededor del proyector aeroportuario de Santa Lucía ha respetado los derechos de quienes pudieran ver afectados sus intereses, manteniendo siempre un estricto apego a la ley”. Es mentira.
La SEDATU omitió oficialmente conocer los registros de las propiedades privadas, al llegar incluso al extremo de asegurar, en la declaratoria de terreno nacional, mediante la cual no pagarían indemnización por una clara expropiación, que existieran propiedades privadas. Raúl Romero Zenizo demostró la propiedad del predio mediante una certificación de la oficina en Zumpango del Instituto de la Función Registral del Estado de México el 15 de mayo del 2019, contra la afirmación de Ríos González de que no había prueba alguna de ello en esa dependencia.
En el cuarto párrafo señala: “Para el cumplimiento de estos acuerdos (el número de hectáreas afectadas de los comuneros de Xaltocan y de la Secretaría de la Defensa Nacional), el 26 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de terrenos nacionales. Cabe señalar que nadie presentó documentación que acreditara la propiedad de estos terrenos durante el periodo que marca la ley previo a la declaratoria. Inclusive, a la fecha no se ha demostrado la propiedad de estos terrenos ante la SEDATU”. Es mentira.
Los propietarios fueron a la SEDATU a demostrar con documentos públicos que esos terrenos eran privados y que les pertenecían. Inclusive, Ríos González hizo reconocimiento de ello en el oficio II-210-DGPR-ORG-05534-2019, firmado el 3 de julio de 2019, donde le indica a Romero Zenizo que ya fue declarado “como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación”, por lo que cualquier impugnación debería realizarse “en tiempo y forma ante la autoridad judicial competente”.
En el quinto párrafo agrega la carta: “Respecto a los supuestos hechos delictivos que se imputan, es falso que se haya cometido algún delito, tanto en perjuicio de particulares como en perjuicio de la Nación. Resulta extraño que las denuncias penales que dicen existen en contra de los funcionarios, se pretendan tramitar ante una Fiscalía que carece de competencia legal para conocer los hechos que se mencionan”. Ésta es otra mentira.
La Fiscalía General de la República es competente en la materia, toda vez que una secretaría de Estado, la SEDATU, ante lo que los abogados consideran como “presencia de una falsificación documental” de un documento público que expidió la dependencia al mando de Meyer. El señalamiento sobre su probable responsabilidad legal es porque el secretario es quien firmó el decreto que, hasta ahora, es considerado ilegal.
En el sexto párrafo indica: “Al día de hoy, la SEDATU no tiene conocimiento de ningún amparo en que José Sánchez Solórzano se acredite como representante legal”, como señala la columna. El que no tenga conocimiento, no significa que no exista una demanda a nivel federal. En todo caso, los abogados de la dependencia deberán estar más atentos, sobre todo porque el litigio se arrastra desde hace dos años.
En el séptimo párrafo, la carta insiste: “La posición de SEDATU siempre ha sido la de respetar toda propiedad social y privada debidamente documentada. Se seguirá trabajando con SEDENA y Conserjería Jurídica de la Presidencia, acatando las resoluciones que en su momento emitan las autoridades”. Es una nueva mentira.
El oficio citado previamente del 3 de julio de 2019, firmado por Ríos González, demuestra que Meyer sabía que existía propiedad privada en dos de los polígonos de Xaltocan que fueron declarados bienes nacionales, pese a que la propiedad de las 500 hectáreas se ha documentado desde 1970.
La carta señala en sus dos últimos párrafos que cada uno de los procesos de compra-venta de los terrenos necesarios para el proyecto aeroportuario se han ejecutado sin contratiempos a través de la SEDENA, y que las obras del “Felipe Ángeles” continúan avanzando. Son medias verdades. Hay una parte que se ha indemnizado a los propietarios, y otra, como el caso de Romero Zenizo y otros dueños de tierras afectadas que se ampararon porque Meyer los despojó mediante el decreto del 26 de abril de 2019, sin pagarles nada, pese a que el presidente López Obrador ordenó que se hiciera en los casos de expropiación. Las obras continúan, en efecto, pero no en todo el aeropuerto, donde la suspensión de los trabajos en una amplia zona vital para continuar con la primera fase, está detenida.
Como se publicó el lunes pasado, Meyer entrampó al Presidente y a la Secretaría de la Defensa Nacional al hacer la declaratoria de bienes nacionales de los terrenos, en lugar de haber procedido con la expropiación y la indemnización. Con ello, como se ratifica en la réplica, creó un problema donde no había, pues en lugar de seguir las instrucciones de indemnizar donde procedía, se apropió de terrenos privados. Al ocultar lo que hizo, Meyer empujó a López Obrador a enmarcar los amparos en el terreno político, sin saber que el atorón lo provocaron sus colaboradores con sus arbitrariedades y no quienes identifica como “adversarios”, que reaccionaron, en el caso de los propietarios, en consecuencia.
