La Guardia Sanitaria suspendió la décima funeraria en lo que va de la pandemia de Covid-19, luego de colocar sellos en diversas áreas de un establecimiento del ramo donde no se seguían los protocolos sanitarios y además se ponía en riesgo a los usuarios del servicio por el mal estado de sus techos, paredes y muros.
Se procedió a ordenar la suspensión de actividades en las salas de velación y en otras áreas de la funeraria ubicada casi en pleno centro de la ciudad (Funerales La Paz), debido a que no contaba con los manuales de procedimientos para el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas, ni seguía los protocolos marcados para su operación, explicó el titular de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez Macías.
Así mismo y tras explicar que al momento se ha procedido con la suspensión en contra de al menos 10 funerarias ubicadas en los municipios Aguascalientes, Rincón de Romos, Pabellón, Calvillo y Jesús María, donde se detectó una serie de irregularidades en la prestación de los servicios, el funcionario explicó que en el caso específico de la empresa denominada “Funerales La Paz” se realizó una verificación que puso al descubierto que no contaba con los manuales de procedimientos, ni aplicaba las medidas de seguridad sanitaria para la prevención y contención del virus SARS-CoV-2.
Los sellos de suspensión fueron colocados en el estacionamiento que comunica a las dos salas de velación, así como en el pasillo lateral a éstas que lleva al área de embalsamado, por lo que esas áreas no se podrán utilizar, sino hasta que se solventen las irregularidades que se detectaron, explicó el titular de Regulación Sanitaria.
Precisó que, entre las irregularidades detectadas durante la diligencia, se detectó que prácticamente todas las áreas se encontraban en mal estado; techos de lámina y acrílico, madera con excesiva suciedad, paredes y muros deteriorados y sin pintura, y pisos llenos de aceite, lo que además constituía un riesgo para la seguridad de las personas.
Jiménez Macías afirmó que por lo anterior se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente para evaluar las irregularidades y cuantificar la sanción económica que se habrá de imponer al negocio.
