“Firmemente creo que el Estado de Derecho es el cimiento de todos nuestros derechos fundamentales”. SONIA SOTOMAYOR
El proyecto ecológico Huub Sak, junto a la laguna de los siete colores de Bacalar, es un sueño hermoso. Sobre 69.9 hectáreas la asociación Selva y Laguna Bacalar A.C. busca crear un vivero de especies endémicas, un apiario y un centro de aprendizaje. Se trata de una reserva ecológica privada, registrada formalmente como “área destinada voluntariamente a la conservación” por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El predio, sin embargo, está en riesgo ante la falta de un Estado de Derecho en Quintana Roo. En estos momentos está invadido, y no es la primera vez que sufre tal suerte.
Los últimos invasores ignoraron los sellos de la Fiscalía General de Quintana Roo, que había recuperado y asegurado la propiedad tras una invasión anterior. Según aristeguinoticias.com, los líderes ofrecieron a los invasores darles terrenos por 60 mil pesos. Quienes han tomado posesión ya han empezado a desmontar selva para lotificar. A los posibles clientes les dicen que establecerán un nuevo poblado y les tramitarán títulos de propiedad. El terreno, sin embargo, tiene un certificado como área de conservación voluntaria por 99 años, lo que impide la urbanización.
Quintana Roo ha sido durante décadas tierra fértil para invasiones. Los líderes de muchos de los grupos que se dedican a esta actividad argumentan que la Constitución otorga a toda familia el derecho “a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, aunque cuando ocupan los terrenos buscan revenderlos o exigen dinero a los propietarios, en un rentable negocio de extorsión. El gobierno de Roberto Borge, de 2011 a 2016, utilizó juicios laborales para despojar a dueños de hoteles o terrenos valiosos.
Según Gustavo Rodríguez Elizarrarás, de Selva y Laguna Bacalar A.C., el predio del proyecto formó parte del Rancho 5 Hermanos, adquirido en 1990 y escriturado legalmente. En 2010 se convirtió en área destinada voluntariamente a la conservación, lo que asegura su preservación natural sin perder su condición de propiedad privada.
Las zonas vecinas a la laguna, sin embargo, han adquirido por su belleza un creciente valor, lo cual ha fomentado las invasiones. La primera se registró el 26 de julio de 2017, cuando un centenar de personas armadas con machetes ingresaron a la propiedad. Estos invasores sufrieron a su vez otra invasión, en abril de 2018, por un grupo que pidió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) les otorgase el terreno. El número de ocupantes fue disminuyendo, sin embargo, y cuando ya no quedaba nadie, en diciembre de 2018, los dueños lo recuperaron y colocaron mantas que señalaban que el área era de preservación natural.
En enero de 2019, sin embargo, un grupo de hombres armados entró y expulsó a los vigilantes, y el 1° de febrero de 2019 se produjo una nueva invasión. Tres semanas después elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Quintana Roo liberaron el predio y pusieron sellos de aseguramiento. Esto no impidió, sin embargo, una nueva invasión, en abril de 2020.
Uno de los mayores obstáculos a la inversión productiva en nuestro país ha sido siempre la falta de un Estado de Derecho y de un registro confiable de la propiedad. En este caso la afectación no es para un desarrollo, sino para una reserva ecológica. Lo relevante es que en Quintana Roo sigue prevaleciendo la ley del más fuerte. O quizá en el país.
DIÁLOGO A CNTE
El Presidente ofreció ayer diálogo a la CNTE, que ha rechazado la propuesta de dar clases por televisión y dice que manejará sus propios cursos con fotocopias y estaciones de radio comunitaria. Habrá que ver qué le ofrece la SEP, pero la Coordinadora no parece interesada en seguir siendo un simple sindicato: busca ser rectora de la educación del país.
Twitter: @SergioSarmiento
