Si el presidente sabe todo lo que pasa en México, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero le debió haber informado que quiere meter a la cárcel por el presunto delito de encubrimiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, y exonerar de cualquier probable responsabilidad al Ejército. También debe saber, aunque signifique una violación a la ley, que para crear las condiciones de opinión pública contra el secretario, se reveló un secreto de Estado. El cálculo que debe hacer es sobre las repercusiones y consecuencias que tendrá un conflicto con las Fuerzas Armadas al convertir responsabilidades en culpabilidades.
La nueva línea de investigación del Caso Ayotzinapa emergió con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reveló un video grabado por la Marina el 27 de octubre de 2014, que según dijeron, demuestra que los marinos manipularon el basurero de Cocula, en las afueras de Iguala, donde se presume que un mes antes fueron incinerados los normalistas. El video lo entregó el almirante Ojeda por gestiones del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien le abrió las puertas de las Fuerzas Armadas al GIEI.
Los expertos obtuvieron documentación de la 9ª Región Militar, con sede en Acapulco, de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, del Estado Mayor en Guerrero, y del 27º Batallón de Infantería en Iguala, de donde llegaron presumiblemente al video de la Marina. No se explica, sin embargo, porqué Encinas aceptó que se divulgara un secreto de Estado, que es el motor de la investigación contra altos mandos de la Marina.
El secreto está revelado en la página 21, cuando se refieren a un informe de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, que habla del Grupo Arcturus T-20, que hizo la grabación. “Arcturus” es un programa de inteligencia naval de aeronaves no tripuladas, y era considerado como uno de los secretos mejor guardados, porque es una herramienta que salva vidas. Utiliza los drones para operaciones de reconocimiento territorial, que aparentemente es lo que estaban realizando ese día en Cocula.
El dron enviaba información al centro de mando en la Ciudad de México y estaba proveyendo seguridad perimetral a los marinos que habían ido a preparar la visita del procurador general, Jesús Murillo Karam, en una zona controlada por Guerreros Unidos, la organización criminal que junto con policías municipales privaron de su libertad a los normalistas y probablemente los asesinaron. Todavía no se sabe que había en las bolsas que se vieron mover, de donde parte el señalamiento de manipulación de evidencia.
La versión del GIEI choca con la lógica. ¿Iba a grabar la Marina alteraciones a escenas de crimen y encubrimiento? ¿Guardar pruebas de la comisión de un delito? ¿El almirante Ojeda lo incriminaba directamente a él, al ser en ese momento el jefe de la Zona Naval? Las dudas tienen fundamento. Tras obtener el video, la Fiscalía General giró un citatorio para que un alto mando naval fuera a declarar la semana pasada a la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. López Obrador reveló ayer que era un almirante en retiro.
En el interrogatorio, según se ha podido saber, los fiscales incluyeron en sus preguntas varias que les proporcionó el GIEI, algunos de cuyos miembros estaban en la Fiscalía General. Uno de los fiscales le preguntó al entonces vicealmirante quién era el jefe de la Zona Naval -el almirante Ojeda-, y quién era el responsable del programa “Guerrero Seguro”, que encabezaba una mesa semanal de intercambio de información con las agencias federales y estatales -que también era Ojeda-. Con sólo esas dos ocasiones donde salió de manera referencial el nombre del secretario, otro fiscal interrumpió el interrogatorio y le preguntó al mando naval si quería acogerse al criterio de oportunidad.
La propuesta ofendió, pero dejó claro el comportamiento del fiscal Gertz Manero a través de sus fiscales para imputar al almirante Ojeda y colocarlo en el centro de su investigación, haciéndolo parte central del “encubrimiento” del gobierno de Enrique Peña Nieto en la desaparición de los normalistas, que llevaría, por la cadena de mando, al ex secretario de la Marina, Vidal Soberón. Al mismo tiempo, hay un esfuerzo del fiscal para proteger al Ejército. Salvo las declaraciones ministeriales del comandante del 27º Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, ninguno de los jefes militares en ese momento, el general Martín Cordero Luqueño, jefe de la 9ª Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, de la 35ª Zona Militar, y el general Alfredo Castillo López, jefe del Estado Mayor en Guerrero, ninguno más ha declarado.
Gertz Manero enfocó en los altos mandos de la Marina culpabilidad compartida con Murillo Karam en el presunto “encubrimiento”, y liberando de toda responsabilidad y probable culpa a los altos mandos del Ejército. De alguna manera se entiende. El almirante Ojeda y el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, tiene una rivalidad tan fuerte que no se hablan. El presidente López Obrador ha llenado de poder y dinero a los generales, y está lleno de suspicacias contra la Marina. Finalmente, entre los factores políticos, los militares son hasta este momento, en los pasillos de Palacio Nacional, los más probables autores del reciente espionaje realizado a Gertz Manero.
El fiscal general necesita dar algún golpe de efectividad ante tanto descalabro y salvar cara en la investigación del Caso Ayotzinapa que, jurídicamente hasta este momento, estaba naufragando. El almirante Ojeda es un chivo expiatorio, y no le importa caminar hacia una confrontación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. Habrá quien reflexione en la Secretaría de la Defensa que si el fiscal se atreve a manipular información y convertirla en evidencia contra la Marina, la ventana de fabricación de delitos no se frenará ahí. En el Ejército, sólo habrán ganado un poco de tiempo.
