Los Ángeles, 19 jul (EFEUSA).- Indocumentados vulnerables que han solicitado el estatus de Inmigrante Especial para Jóvenes (SIJS) ganaron una batalla contra el Gobierno del presidente Donald Trump tras la decisión de un juez de bloquear las acciones de la administración que redujo las posibilidades de elegibilidad.
«Poquito a poquito la Administración Trump ha querido ir limitando los derechos que tienen los menores no acompañados, enviándolos a corte a los tres meses de edad, e incluso quitando derechos ya adquiridos como la visa juvenil. Esta es una gran noticia», dijo a Efe el abogado de inmigración y «soñador» Luis Cortes.
La nueva victoria, ocurrida esta semana en un tribunal del estado de Washington, obliga al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a revertir ciertas restricciones impuestas al programa SIJS, que otorga la residencia permanente a menores indocumentados en estado de vulnerabilidad y que sufrieron abuso o abandono por uno o ambos padres.
Aunque la ley de 1990 estableció el amparo para proteger los inmigrantes menores de 21 años, en 2018 El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) limitó el beneficio, y redujo la edad la elegibilidad a 18 años.
Puso además obstáculos para aceptar las órdenes de cortes familiares estatales que determinan que los jóvenes están bajo la protección del estado o tutores legales que los tribunales determinan.
El Gobierno argumentó que el programa era susceptible al abuso y que en medio de una ola de menores no acompañados que llega a la frontera con México podrían filtrarse «criminales» y beneficiarse del amparo.
En marzo del 2018, durante un operativo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva York, la agencia dijo que arrestó a 64 supuestos miembros de MS-13 que habían cruzado la frontera como menores no acompañados, y que entre los detenidos había jóvenes amparados con SIJS.
«Con esa determinación, el Gobierno fue en contra de una ley firmada por el Congreso y no notificó al público los cambios, afectando a cientos de jóvenes en todo el país», dijo a Efe el director legal de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), Matt Adams.
NWIRP presentó la demanda en nombre de tres afectado en el estado de Washington, uno de ellos, José Luis Vicente Ramos, quien está detenido hace 18 meses y lucha desde entonces por evitar su deportación.
El juez federal de distrito Robert Lasnik dijo este miércoles que a pesar de entender que USCIS «tiene una preocupación legítima con respecto a los posibles abusos del programa SIJS», el cambio «no solo es irrazonable sino también innecesario».
Adams destaca que un ejemplo de esta conducta «irrazonable» de USCIS, es el caso de Vicente Ramos.
El joven se escapó de su casa en Guatemala porque sus padres lo abusaban, y entró a Estados Unidos bajo la clasificación de un menor no acompañado a la edad de 17 años, y un año más tarde solicitó una visa SIJS, que fue rechazada.
La batalla legal emprendida por NWIRP también puso al descubierto que USCIS estaría demorando las solicitudes de SIJS para que los jóvenes pasen la barrera de los 18 o incluso de los 21 años de edad.
«No es raro. Esta ha sido una estrategia muy conocida del Gobierno para perjudicar a los inmigrantes. Es importante que se deje una evidencia de estas prácticas frente a un tribunal», subrayó Cortes.
El tribunal dictaminó que la agencia debe cumplir con la ley al completar la adjudicación de las solicitudes al programa SIJS dentro de un periodo de seis meses.
NWIRP asegura que actualmente USCIS deja a los solicitantes en el limbo por más de un año, lo que crea una mayor inestabilidad para este grupo de jóvenes.
Bajo la orden del tribunal, USCIS además tiene treinta días para completar las adjudicaciones de todas las peticiones SIJS basadas en las órdenes de la corte del estado de Washington que han estado pendientes por más de 150 días.
Adams resalta que el Gobierno está desconociendo los dictámenes de las cortes estatales que establecen la custodia de los solicitantes de SIJS, situación que hace la defensa más complicada para estos jóvenes.
«En su intento por desafiar la ley, el Gobierno está creando otro obstáculo más y haciendo que la lucha tenga repercusiones diferentes en cada estado», sostiene Adams.
Por su parte, el Gobierno federal insistió en el tribunal que el aumento en las denegaciones de peticiones SIJS para jóvenes mayores de 18 años no es el producto de ningún cambio de política, sino más bien parte de los esfuerzos de la agencia para centralizar las adjudicaciones para mantener la coherencia en todos los estados.
El Gobierno Trump también ha sido retado por las modificaciones al programa SIJS en California y Washington.
Adams dijo que esperan que Vicente Ramos pueda recobrar la libertad lo antes posible tras el fallo, que beneficiará a unos cien jóvenes en el estado de Washington.