La empresa Línea Express interpuso una denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado contra el gobernador Martín Orozco y los titulares de la Coordinación de Movilidad y del SIFIA, por considerar una falta administrativa grave el haberla inhabilitado de Aguascalientes en pleno proceso de transición del transporte público, además de dejarla descapitalizada para continuar pagando los créditos adquiridos precisamente para el mejoramiento de las unidades, indicó Carlos Alberto Guevara, asesor jurídico de Línea Express.
Sostuvo que es una falta administrativa grave el que se haya inhabilitado a Línea Express junto con su flota vehicular de 86 unidades en pleno proceso de transición del transporte público, y más aún cuando esta empresa había adquirido ya un par de créditos ante el SIFIA para la compra y mejoramiento de unidades, mismos que se ha vuelto imposible pagar ante la negativa para poder prestar el servicio en la Entidad.
Comentó que para cumplir con las mejoras que exigía la autoridad estatal, Línea Express adquirió 54 nuevas unidades chinas, aunado a que se solicitó un financiamiento de 19 millones de pesos para mejorar los camiones existentes, ambos créditos ante el SIFIA. Sin embargo, ante la negativa para continuar prestando el servicio, “es imposible seguir cumpliendo con todas sus obligaciones, incluyendo pago de créditos solicitados a SIFIA para adquirir camiones, pues la única fuente de ingresos para cubrir dichos créditos es la prestación del servicio”.
Denunciaron que ante la imposibilidad de prestar el servicio, Línea Express presenta importantes pérdidas económicas, pues ha dejado de percibir diariamente 200 mil pesos, mismos que eran recaudados con la prestación del servicio de estas 86 unidades que eran utilizadas por alrededor de 22 mil usuarios por día. De igual forma, 129 empleados de Línea Express se han visto afectados por esta situación.
Por lo anterior, fue que se optó por interponer ante el Órgano Superior de Fiscalización una denuncia contra el gobernador Martín Orozco, así como contra el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano, y el director de SIFIA, Andrés Díaz Larios. Dicha denuncia fue interpuesta el pasado 12 de enero.
Asimismo, añadió que se presentará ante el Juzgado de Distrito un juicio de amparo directo para que les sean restituidos sus derechos como prestadores del servicio de transporte urbano, “tenemos confianza en la justicia federal, confiamos en que enmendará la plana en la arbitraria e ilegal actuación de las autoridades locales, y que pronto podremos seguir prestando el servicio como lo hemos venido haciendo por tres generaciones de concesionarios”.
Liliana Ramírez