El presidente de la Asociación de Abarroteros y Pequeños Comerciantes, Antonio Hernández Esparza, denunció que la Comisión Federal de Electricidad está aplicando la política del garrote y provocando el exterminio de las tiendas de abarrotes con la aplicación de cobros exagerados por el servicio y de multas impagables por el robo de la energía eléctrica en los establecimientos.
En el primero de los casos, explicó, se le llega a facturar a las tiendas medianas y grandes hasta los 20 mil pesos de luz cada dos meses, mientras que las multas por la alteración de los medidores e instalaciones eléctricas alcanza hasta el millón y medio de pesos, obligando con ello al cierre de los negocios y a pagar a como dé lugar, pues de lo contrario se amenaza con llevar el caso hasta la Fiscalía General de la República con el argumento de que el robo de energía es un delito federal.
“Tenemos documentados varios casos en los que los dueños de los negocios de los diversos ramos, como es el caso de tiendas de abarrotes, carnicerías, cremerías y de otros giros, han tenido que deshacerse de sus bienes para pagar la multa por el robo de energía mediante la alteración de los equipos, trabajo en el que por lo regular están metidos los mismos empleados o ex-empleados de la propia Comisión Federal de Electricidad”, señaló el dirigente de los abarroteros.
Sostuvo que el costo de la energía eléctrica es excesivamente caro, toda vez que una tienda de abarrotes o un depósito de cerveza llega a pagar de 10 mil pesos en adelante y hay casos donde dependiendo del número de refrigeradores que se tenga, se llegan a facturar hasta 25 mil pesos cada dos meses, por lo que “por increíble que parezca, pero en muchos casos se trabaja sólo para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad”.
Hernández Esparza reveló que a un bodeguero del Mercado de Abastos al que se les detectó la alteración del medidor se le impuso una multa de un millón y medio de pesos, mientras que a los propietarios de las tiendas de abarrotes se les ha castigado con el pago de multas que van desde los 200 mil y hasta los 500 mil pesos, donde se les dice que la cantidad es el resultado del cálculo que se hace sobre el tiempo que más o menos estuvieron recurriendo al robo de la energía con el uso de diversos sistemas para alterar la operación de los medidores.
“Lo peor es que son arbitrarios y abusivos los de la CFE, porque aplican la multa, exigen el pago casi que de inmediato e incluso amenazan con llevar el caso hasta la Fiscalía General de la República argumentando que el robo de energía es un delito federal, por lo que obligan a los infractores a malbaratar sus bienes para poder cubrir el pago de la multa y evitar problemas con la justicia, pero también terminan por mejor cerrar sus negocios”, concluyó.
