Trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se manifestaron afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Aguascalientes para exigir la reinstalación de una trabajadora social despedida y denunciar el cese de 43 trabajadoras sociales en distintas entidades del país. Los inconformes señalaron que las bajas laborales se realizaron de manera repentina, sin previo aviso y sin una justificación clara, por lo que exigieron transparencia al Órgano de Administración Judicial.
Comentaron que el argumento para estos despidos es una supuesta falta de presupuesto, misma que no corresponde con la realidad, ya que las plazas estaban contempladas dentro del presupuesto aprobado para 2026.
“Estas plazas ya estaban contempladas dentro del presupuesto de este año, entonces no ha habido una justificación, no hay un motivo como tal que nos hayan dado, entonces estamos exigiendo, pues, transparencia, que nos digan por qué. Esto afectó a madres de familia, trabajadoras que dieron su vida laboral aquí en el Poder Judicial Federal”, expusieron.
Advirtieron, además, que la eliminación de estos puestos no solo afecta a las empleadas despedidas, sino también a los usuarios de la Defensoría Pública, debido a que las trabajadoras sociales realizan estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, trabajo de campo, localización de personas y canalización de usuarios a diversas instituciones.
En Aguascalientes, la afectada es Nancy del Rocío López, quien fue separada del cargo después de 26 años y ocho meses de servicio, cuando le faltaba un año y cuatro meses para jubilarse. La trabajadora calificó el despido como arbitrario y adelantó que buscará impugnar la decisión por la vía legal, refiriendo que no existe fundamento para su separación del cargo.
Los manifestantes expresaron, además, su preocupación por la posibilidad de que continúen los despidos dentro del Instituto, al señalar que no existen criterios claros sobre la reestructuración del personal. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades del Poder Judicial Federal para revisar la decisión, restituir a las trabajadoras sociales en sus puestos y garantizar la continuidad de un servicio que resulta fundamental para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
