La reciente implementación de la denominada “Ley Antichismes” en Aguascalientes ha generado una ola de críticas entre especialistas en el ámbito jurídico. Lejos de ser vista como una solución integral para los problemas que aquejan a las instituciones educativas, esta reforma al Código Penal es calificada como un intento fallido de protección, que ignora retos mucho más urgentes y peligrosos en el entorno escolar.
Una visión corta de los legisladores
El ex-presidente del Colegio de Abogados, Salvador Farías Higareda, ha sido tajante al evaluar esta iniciativa. En su análisis, el abogado sostiene que esta reforma, más que una herramienta jurídica sólida, “suena más a ocurrencia” por parte de los diputados locales.
Farías Higareda advierte que los legisladores “se quedaron cortos” en su visión, priorizando medidas que parecen diseñadas para proyectar una imagen pública positiva, pero que carecen de la profundidad necesaria para garantizar una protección real y efectiva para el personal docente, directivos y administrativos.
“Hacen bien en quedar bien, pero hacen mal porque realmente no hay una protección real”, sentenció el ex-líder de los abogados.
Las grietas en la aplicación de la ley
Uno de los puntos más críticos señalados por Salvador Farías Higareda radica en la estructura misma de la sanción penal establecida en la reforma. Según explica el experto, el alcance de la ley es limitado y presenta lagunas que podrían invalidar su aplicación en situaciones cotidianas.
El especialista cuestionó la lógica detrás de la norma: “En dicha ley solamente se contempla que habrá una sanción de tipo penal cuando la amenaza hacia el personal docente, directivos y administrativos sea hecha por parte de un estudiante de esa institución”.
Esto abre una interrogante fundamental: ¿qué sucede cuando la agresión proviene de alguien externo o de un ex-alumno? Bajo este esquema, “cuando se dejó de estudiar en esa escuela, entonces ahora sí pueden hablar mal sin ningún problema, porque en ese caso el delito ya no existe”, enfatizó Farías Higareda.
El laberinto burocrático del “delito de querella”
Además de las inconsistencias en los sujetos obligados, el procedimiento legal estipulado en la reforma añade una carga burocrática excesiva. El ex-presidente del Colegio de Abogados explicó que se trata de un delito de querella, lo cual implica un proceso lento y tedioso.
- Proceso: El Instituto de Educación debe presentar formalmente la querella.
- Gestión: El Ministerio Público debe iniciar las indagatorias correspondientes.
- Resolución: El caso debe ser presentado ante un juez para su valoración.
Al respecto, Farías Higareda fue contundente: “Esto es absurdamente lento y largo. El tipo penal tiene muchos antídotos, sobre todo cuando se mencionó que el dicho lo haga un estudiante que está vigente”.
Prioridades fuera de foco: ¿Lengua o armas?
Para el abogado, el verdadero debate debería centrarse en la seguridad física dentro de los planteles, un aspecto que, a su parecer, los diputados han relegado a un segundo plano. La preocupación central no debería limitarse a los comentarios o “chismes”, sino a la integridad física de los maestros.
“Una cosa es la lengua y por otro lado son los protocolos de previsión, que me parece que son los más importantes porque existen pseudoestudiantes que están agrediendo físicamente a los docentes”, advirtió.
Salvador Farías Higareda puso como ejemplo situaciones críticas que la ley actual ignora, como la portación de armas por parte de un alumno, ya sea un puñal o una pistola, lo que representa un peligro inminente de que algún maestro pueda ser ultimado en las instalaciones.
Conclusión: Leyes hacia el futuro, no hacia el pasado
Finalmente, el ex-presidente del Colegio de Abogados reiteró que este tipo de reformas son insuficientes, pues responden más a necesidades de impacto mediático que a una estructura de justicia preventiva.
A ojos de Farías Higareda, la legislación debe mirar siempre hacia adelante, atendiendo las realidades de un entorno educativo cada vez más complejo, y no simplemente quedarse en intentos de regulación que, al final del día, solamente “queda bien para los efectos de su trascendencia”, pero fallan en proteger a quienes realmente lo necesitan en las aulas de Aguascalientes.
