“Dice Ricardo Serrano, director de la Agencia de Movilidad, que no hubo afectaciones con el paro en el servicio de YoVoy, porque se les atendió de inmediato”, manifestó el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López.
Agregó que también se debe llegar a un punto intermedio, “donde les apretemos, pero no ahorquemos para que puedan salir adelante con el servicio”.
Tras los diversos accidentes y atropellos que han protagonizado en últimas fechas algunos choferes de YoVoy, es cuando la Agencia de Movilidad les comenzó a “apretar más y es cuando ya brincaron”.
Por lo anterior, indicó que esta es la primera vez que el gobierno llega a un arreglo con los choferes, quienes manifestaron sentirse presionados, que son objeto de descuentos cuando las unidades sufren descomposturas, algún accidente o por realizar cobros en efectivo.
El secretario dijo que desconoce si estas inconformidades son por parte de todos los choferes o solamente de los que hicieron el paro. Este tipo de situaciones no representa algún impacto para la recién creada Agencia de Movilidad, ya que es un tema que la concesionaria debe solventar.
Reconoció que es importante ofrecer mejores condiciones laborales a los operadores de los camiones urbanos, para que a su vez esto se refleje en un buen servicio para los usuarios, por lo que el secretario de Gobierno dijo que es un estira y afloja. “Nosotros queremos que den un mejor servicio, para poder darles un mejor subsidio”.
Arámbula López adelantó que se podría estar aumentando el número de choferes para poder cubrir más rutas, no prolongar el tiempo de espera y hacer más eficiente la movilidad en la ciudad capital. Además, se llevará a cabo una mesa de diálogo tanto con la concesionaria como con sus trabajadores; “es importante conocer la postura de ambas partes”.
En este sentido, el funcionario subrayó que el Estado actuará como mediador para garantizar que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo se traduzcan en una estabilidad laboral genuina. El objetivo principal es evitar que las tensiones internas entre la concesionaria y su personal vuelvan a comprometer el derecho a la movilidad de la ciudadanía.
