Otra grave denuncia penal enfrenta Jesús Figueroa Ortega, ex-fiscal del Estado, cargo que ocupó durante 7 años, y que actualmente es el notario público No. 72, quien junto con su sobrino, quien es su presunto prestanombre, presentan serias acusaciones.
Ambos fueron denunciados ya ante la Fiscalía General del Estado, en la cual obra la carpeta abierta ci/ags/16408/06-25, que los tiene como indiciados por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y omisión del propio deber.
En su declaración patrimonial del año 2019 y las subsecuentes, el ex-fiscal juró, bajo protesta de decir verdad, y declaró solo poseer un automóvil Honda 2012, ser dueño de la mitad de una casa de solo 79 metros cuadrados fincada en un terreno de 86 metros y una inversión bancaria por 50,059.00 pesos.
Pero lo que no declaró y es ahí donde radica la gravedad, más allá de mentir y saber, por supuesto, que podría estar sujeto a proceso penal por ello, es que mandó millones de pesos, cada mes, desde su cuenta de banco BBVA a la cuenta Banamex de su sobrino Aarón Elías Cruz Figueroa, quien es empleado de la empresa federal Mogul, y que a su vez fondeaba a empresas préstamos con interés mensual, así como la adquisición de propiedades, terrenos y casas, además de dispersar recursos a las cuentas de los hermanos y de la esposa del ex-fiscal, que a su vez es jueza 4° de lo Mercantil, Sandra Luz Velasco Marín, quien compraba divisas como euros y dólares, pagaba viajes, aviones, hoteles, servicios médicos de todos los familiares, contrataba y pagaba a empresas consultoras en riesgo y enviaba dinero a distintos bancos en el extranjero.
De las instituciones bancarias, por mencionar alguna de las que recibían recursos, está el banco J.P. Morgan, con sede en Nueva York, Estados Unidos, el cual le hace llegar rendimientos de su inversión mensualmente, equivalentes a cuando uno tiene ahorrado en ese banco más de millón y medio de dólares, intereses que el sobrino recibe en su cuenta y devuelve, cada día último de mes, a la cuenta BBVA del ex-fiscal y tío.
Este tipo de transacciones y la mecánica utilizada a todas luces irregulares son muy similares a las de las empresas que facturan operaciones simuladas (efos) que fungen solamente como cuentas trampolín para recibir, transferir, desviar y ocultar recursos cuyo origen pudiera ser ilícito.
El asunto se complica para Figueroa Ortega, pues la red de personas y jueces involucrados en estas transacciones supera más de 75 nombres y empresas de todo tipo, desde médicas hasta agrícolas que “devuelven” cada mes recursos a la cuenta del sobrino, empresas como Merak Centro Médico, en Guadalajara, Insumos Maez, S.A., Demerge México, S.A. de C.V., CC México Holdings S. de R.L., Consultores en Riesgo, S.A. de C.V., Rhinno Smart, S.A. de C.V., Mar de Jaz Sapi, de C.V., así como el mismo personal de la Fiscalía, como la recepcionista del edificio, su hermana, el esposo de su hermana y muchos empleados más de la propia FGE.
De ser comprobados los delitos de los que se le acusa, las penas en las que podría caer el ex-fiscal son las siguientes: por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se impondrán de cinco a quince años de prisión al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
No obstante, es importante señalar que, en el caso particular del denunciado Jesús Figueroa Ortega, a este le es aplicable la agravante en su carácter de servidor público y las penas previstas en casos como este se duplican, o sea, pueden llegar a ser hasta por 30 años de prisión si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos.
Además, este tipo de penas imponen inhabilitación para desempeñar empleos cargos públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, por lo que ex-fiscal tendría que dejar el fiat #72 de la Notaría, pues estaría inhabilitado hasta por 30 años para ejercer el cargo, porque este tipo de puestos son para los ciudadanos notables o de alta aprobación en moral y probidad.
