Tras el veto que la gobernadora del Estado, Tere Jiménez, le hizo a la reforma de ley que presentaron los diputados en el Congreso local, con la que se pretendía la aplicación de un impuesto del 2% a las plataformas digitales de reparto de comida, la legisladora y coordinadora de la fracción panista, Alma Hilda Medina, explicó que esto se subirá ante el pleno para aceptar o rechazar dicha impugnación.
Por lo anterior, adelantó que en la sesión ordinaria del próximo jueves 5 de marzo, respaldarán la prohibición de esta reforma interpuesta por parte de la jefa del Ejecutivo.
Explicó que el curso que debe tomar esta disposición es que se turnará el oficio a la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, en el que se realizará un dictamen en donde se aceptan o se rechazan las observaciones por el cual se dio el veto por parte de la gobernadora.
Posteriormente, indicó que dicho dictamen se envía a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la cual es presidida por ella, en donde se subirá en el orden del día para la siguiente sesión ante el pleno, “ya de ahí aceptamos o rechazamos”.
Alma Hilda Medina adelantó que obviamente aceptarán el veto, ya que el argumento presentado es que este impuesto del 2% afectará a los micro y pequeños negocios de comida que no cuentan con la infraestructura para tener sus propios repartidores.
Aclaró que el impuesto tenía que ser pagado por las plataformas para el servicio de paquetería, ya que hubo quienes argumentaban que en ese punto se podía prestar a malas interpretaciones, “que estaba muy ambiguo”.
La legisladora subrayó que aunque la intención original de la reforma para compensar el impacto en la infraestructura pública era para fortalecer su mantenimiento y conservación, la redacción final carecía de la claridad necesaria para garantizar que el costo no se trasladara a los usuarios o a los comercios locales.
Medina enfatizó que la prioridad actual de la bancada mayoritaria es mantener la estabilidad económica del sector gastronómico, evitando cualquier medida que pueda interpretarse como una carga impositiva adicional en un contexto de recuperación para las Pymes de Aguascalientes.
Con esta decisión, el Congreso del Estado busca cerrar el capítulo de la controversia generada por el gravamen, priorizando el consenso con el Poder Ejecutivo para proteger el bolsillo de los consumidores.
