Mediante cuatro procedimientos ante diversas autoridades, se denunció la actuación ilegal de los magistrados de la Sala Administrativa del Poder Judicial de Aguascalientes y de otros funcionarios del Estado, entre ellos de la presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado y de la secretaria general de Acuerdos de la Sala Administrativa. Esta situación deriva del evidente contubernio entre el gobernador y al menos dos de tales magistrados, coludidos en la administración de justicia para hacerla favorable a los intereses del propio Martín Orozco.
Las denuncias tienen que ver con la filtración de una demanda, actuación indebida que se realizó desde la Sala Administrativa bajo la responsabilidad de los magistrados Alfonso Román Quiroz, Rigoberto Alonso Delgado y Enrique Franco Muñoz, filtración hacia el Poder Ejecutivo, actuación en cuyo encubrimiento participaron otros funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado, todo ello con el ánimo de favorecer la defensa del Gobierno del Estado en el juicio promovido por las empresas constructoras Grupo Profrezac y Operadora de Autopistas del Altiplano en contra de la asignación de la obra carretera del libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes.
En su oportunidad las mencionadas empresas constructoras promovieron dicho juicio en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, presentando la demanda ante la Sala Administrativa, ello a fin de que esta impartidora de justicia resolviera en su momento sobre la decisión de la asignación de la concesión relativa al libramiento carretero de la capital hidrocálida. Fue entonces cuando fuera de todo procedimiento legal, sin estar aún admitida la demanda, ésta se hizo llegar al Poder Ejecutivo para que la dependencia correspondiente la conociera mucho antes de lo debido para ejercitar su defensa, filtración que significaba una violación a la división de Poderes, una violación al debido proceso en perjuicio de las empresas constructoras mencionadas y una clara violación a la equidad procesal en el juicio, significando todo ello un sometimiento del Poder Judicial hacia el Ejecutivo, afectando gravemente la imparcialidad en la impartición de justicia administrativa encomendada por la Constitución a la Sala Administrativa.
Enteradas las empresas de la filtración de su demanda, solicitaron la información conducente a los Órganos del Poder Judicial de Aguascalientes, resultando que la presidenta y el Consejo de la Judicatura decidieron encubrir la filtración, omitiendo realizar las investigaciones y denuncias por la actuación indebida de la Sala y negando la información conducente a las empresas afectadas, omisión que se traduce en una participación en la violación a la división de Poderes y en el sometimiento del Poder Judicial hacia el Ejecutivo.
Ante esta situación, hecho el análisis jurídico de las conductas de los magistrados y de los otros servidores públicos que participaron en su encubrimiento, entre quienes se encuentran la presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la licenciada Gabriela Espinosa Castorena; el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, el licenciado Juan Carlos Arenas López; el licenciado Jesús Eduardo Méndez Martínez quien es juez de lo Penal en el Estado y aspirante a magistrado, y el licenciado Jesús Baruch Orenday Durón, quien es asesor legislativo en el Congreso del Estado, se presentaron las denuncias correspondientes.
Se promovió el juicio político ante el Congreso del Estado en contra de los magistrados de la Sala Administrativa, así como de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, integrantes entre los se encuentran la presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a todos los representantes de los tres Poderes ante dicho Consejo. De ser encontrados culpables de la violación a la división de Poderes y de la violación a la impartición equitativa de justicia, la sanción aplicable es la destitución del cargo y la inhabilitación hasta por quince años para ejercer cargos públicos.
También se promovió la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por la comisión de hechos posiblemente delictuosos, en contra de los tres mencionados magistrados de la Sala Administrativa y de la secretaria general de Acuerdos, así como del director general Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, el licenciado Efrén Martínez Collazo, denuncia que se hace respecto de la comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. Cabe destacar que respecto de esta conducta delictiva, de encontrase elementos para el enjuiciamiento, procede entonces la prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 Constitucional.
Además, en una situación inédita en la impartición de justicia en Aguascalientes, se promovió la recusación de los tres magistrados de la Sala Administrativa y de la secretaria general de Acuerdos. La recusación es para que dejen de conocer del juicio en virtud de que obviamente su imparcialidad se vería afectada en perjuicio de la impartición de justicia. Ante esto, el Supremo Tribunal Justicia enfrentará un difícil problema legal para llenar el hueco que dejaría el impedimento de los tres magistrados para tramitar y resolver el juicio. Esta es otra situación no prevista en las leyes de Aguascalientes.
La cuarta denuncia es por responsabilidad administrativa de servidores públicos de los magistrados de la Sala, denuncia de la que habrá de conocer el Supremo Tribunal de Justicia, sin la intervención de la magistrada presidente, pues ella es también denunciada, procedimiento en virtud de la violación a la división de Poderes y a la debida impartición de justicia, así como en virtud del encubrimiento respecto de la conducta ilícita de los integrantes de la Sala Administrativa. La sanción que se impondría sería la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
