Buscan que con la Ley 3 de 3 contra la violencia se destierre a los agresores, abusadores sexuales y deudores de pensión alimenticia de cualquier cargo público, manifestó aquí ayer Yndira Sandoval Sánchez, integrante de las Constituyentes MX Feministas.
En este sentido, señaló que la Ley 3 de 3 no solamente se buscó que quedara en la Constitución, sino que ahora debe existir un marco jurídico para su armonización con todos los municipios y que desde el Congreso del Estado de Aguascalientes se exhorte a los 11 ayuntamientos a cumplir con la Ley 3 de 3.
Hizo un llamado a la gobernadora del Estado, Tere Jiménez, para que se cumpla la 3 de 3 en su administración, en todas las áreas, además de que se genere una política pública para que con cierta periodicidad los funcionarios firmen la 3 de 3, “hay una máxima que hemos promovido, no hay víctimas más importantes que otras, lo que hay son agresores más poderosos que otros”.
Por lo anterior, señaló que esto ya se encuentra establecido en la Constitución federal en el artículo 38 y en el 102, donde se habla de la suspensión de los derechos políticos y electorales, es decir que no podrían votar, ni ser votados para ocupar un cargo público.
Apuntó que las mujeres desconocen que el estar dentro de un padrón de deudores alimenticios implica que no puedan tramitar su licencia de manejo, el pasaporte, un crédito bancario o contraer nupcias.
Incluso la activista dio a conocer que se está buscando que los deudores y violentadores no puedan acceder a espectáculos como la Fórmula 1 o estadios de futbol, “si tienes para eso, pero no tienes para pagar la pensión, no se puede permitir, porque el interés superior de la infancia es lo más importante”.
Asimismo, la violencia sexual imprescriptible, ya que es una violación grave a los derechos humanos y la violencia familiar es la segunda de mayor impacto en el país, puesto que existen 700 carpetas de investigación todos los días.
Finalmente, adelantó que se encuentran construyendo un atlas nacional de agresores en el poder, “los estamos poniendo en el mapa, porque si la autoridad no se quiere dar cuenta, las víctimas sí van a decir dónde están, además de que reciben salarios, que vienen del erario público, que a su vez son los impuestos”.
La activista indicó que los violentadores en el poder temen más ser exhibidos, que denunciados formalmente.
