Directivos y socios de la empresa Línea Express reportan pérdidas multimillonarias, a más de dos años y medio que de manera autoritaria fueron sacados sus 96 camiones del servicio de transporte urbano por órdenes del ex-gobernador Martín Orozco Sandoval, en represalia por no haberse alineado a la entrega del sistema de transporte urbano a la empresa Autobuses de Oriente (ADO).
Solicitando la omisión de sus nombres, los dueños de los camiones que permanecen varados y que registran afectaciones por la falta de uso, denunciaron a HIDROCÁLIDO que por motivos desconocidos las autoridades del tribunal federal que llevan el caso tienen detenido el mismo en perjuicio de los empresarios que solicitaron la protección legal.
“La situación para los propietarios de los autobuses que están varados desde el 21 de agosto del 2022 es demasiado compleja porque no hay ingresos para pagar los créditos que se contrataron con el banco para la compra e importación de los primeros camiones chinos y de los que se exigieron para renovar las unidades obsoletas, por lo que se ha tenido la necesidad de vender algunos camiones para cubrir cuando menos algunas letras”, mencionó uno de los directivos de Línea Express.
Otros urbaneros afectados indicaron que de manera sospechosa se cambió al juez que llevaba el asunto del amparo tramitado y que incluso ya había fallado a favor de los demandantes, por lo que advirtieron que no se descarta que como posible socio de la empresa a la que se le entregó la operación del transporte urbano, el ex-gobernador “haya movido palancas para prolongar más el asunto con tal de tronar en definitiva a los dueños de los autobuses que tienen más de dos años y medio fuera de servicio”.
En ese sentido y sin dejar de reconocer que hay malestar y desesperación total por el hecho de que no se les permita usar los camiones para lo que fueron adquiridos, los transportistas de Línea Express mencionaron que no hay motivo para que las autoridades del Poder Judicial le sigan dando largas al asunto, argumentando cualquier pretexto para no emitir la sentencia del caso que, sostiene, “ya se prolongó más de la cuenta”.
“No se han cuantificado los daños económicos por tener los camiones guardados, pero con seguridad son centenares de millones de pesos los que ha hemos perdido por una decisión torpe y autoritaria como la que en su momento tomó el ex-gobernador Martín Orozco”, expusieron los afectados.
