El 24 de mayo, nueve alcaldes de la región Centro y de la Montaña Baja de Guerrero decidieron retirarse de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al considerar que las reuniones que se han llevado a cabo no resuelven la problemática de violencia que sacude a la región y terminan solo en “comunicados vacíos”.
Los alcaldes denunciaron omisión e indiferencia por parte de las autoridades federales y estatales, que no han logrado detener los ataques sistemáticos del grupo criminal que desde hace más de una década es responsable de asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones: Los Ardillos.
El gobierno federal presume un megadespliegue de 1,200 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en la Montaña Baja.
En su más reciente ofensiva por el control de esas regiones de Guerrero, Los Ardillos han lanzado ataques con drones cargados de explosivos y abandonado en una carretera 10 costales repletos que contenían los restos desmembrados de siete personas.
De manera sorprendente, la respuesta del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, consistió en establecer una mesa de diálogo con representantes de este grupo criminal, para que se permitiera el retorno a sus comunidades de familias que habían sido desplazadas.
Pocos días más tarde, en una comunidad de la Montaña, sicarios de la misma organización irrumpieron de madrugada en varias viviendas y se llevaron a un grupo de personas. El 21 de mayo, a la entrada de la comunidad de Teticic, dejaron una camioneta tipo estaquitas con seis cadáveres desmembrados. Las imágenes son aterradoras: las víctimas estaban atadas de pies y manos en el momento en que las cercenaron.
Ante “la falta de disposición del Estado mexicano” para detener los ataques sistemáticos y generalizados en contra de población civil indígena, en especial de los pueblos y las comunidades de la Montaña Baja integradas al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, y ante “los indicios constantes de una estrategia predominantemente política y de contención, sin judicialización efectiva y sin sanción a los responsables de los ataques”, la activista y periodista indígena desplazada Marcela de Jesús Natalia presentó este martes una denuncia contra Los Ardillos, contra la gobernadora Evelyn Salgado y contra ocho alcaldes de Guerrero ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
“La violencia no creció sola: tiene cómplices políticos. Cada muerto y cada familia rota también son responsabilidad de quienes protegen al crimen…”, escribió la activista en su cuenta de X.
Según el documento presentado ante la Corte Penal Internacional, “la existencia de canales institucionales de interlocución con estructuras criminales presuntamente responsables de graves violaciones a derechos humanos (…) constituye un indicio relevante de la falta de voluntad” de las autoridades.
El documento es elocuente: “No existen procesos penales conocidos, persisten ataques sistemáticos contra la población civil, continúa el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, prevalece un contexto prolongado de impunidad estructural y las medidas estatales implementadas han resultado manifiestamente insuficientes para detener la comisión continuada de los hechos denunciados”.
Marcela de Jesús Natalia anota que “la persistencia de los hechos demuestra la insuficiencia de la medidas adoptadas por el Estado mexicano para garantizar la protección efectiva de la población civil”.
Las víctimas visibles de ataques armados reiterados, amenazas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y control territorial violento ejercido por Los Ardillos, son los pueblos y las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, así como poblados aledaños a Chilapa de Álvarez y localidades vinculadas al CIPOG-EZ.
El documento expone que cientos de familias han abandonado sus comunidades y tuvieron que refugiarse en montañas, barrancas, iglesias, refugios improvisados y comunidades vecinas, sin acceso a comida, agua potable, atención médica y medidas elementales de seguridad; explica que las primeras denuncias de asesinatos y desapariciones ligados a este grupo vienen al menos desde hace 12 años.
La denuncia incluye los nombres de Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, de sus hermanos Antonio, Jorge Iván y Bernardo; de la gobernadora Evelyn Salgado y de los alcaldes Mercedes Carballo (Chilapa), Ángel Aguilar Romero (Acatepec), Alberto Michi Campos (Tixtla), David Astudillo Morales (Quechultenango), Gerardo Mosso López (Mochitlán), Jesús Vázquez García (Mártir de Cuilapan) y Guillermo Matías Barrón (Atlixtac).
De acuerdo con la denuncia, “existen bases razonables para considerar la posible responsabilidad penal individual de integrantes, mandos operativos y colaboradores del grupo criminal denominado Los Ardillos (…) respecto de actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad en contra de comunidades indígenas”.
La denuncia refiere la existencia de indicios razonables de “posibles actos de colaboración, tolerancia, facilitación u omisión deliberada por parte de autoridades locales o funcionarios públicos que, con conocimiento del contexto de violencia continuada contra las comunidades indígenas afectadas, habrían permitido la persistencia de los ataques, omitido actuar de manera efectiva o contribuido materialmente a condiciones de impunidad estructural”.
Con la denuncia de la activista, a la 4T se le abre, internacionalmente, un flanco más: le suben la presión, la temperatura, la lumbre.
