México.- México suma 36.327 fallecidos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia a finales de febrero, una cifra que supera a los 35.620 asesinados el pasado año y refleja la magnitud de la pandemia en el país.
«Ahora en México es mayor la probabilidad de morir de COVID-19 que por crímenes u otra enfermedad», dijo el maestro en Salud Pública y doctorado en Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins Carlos Santos Burgoa, en una conferencia de la Escuela de Salud Pública de México.
El país cerró 2019 con 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios, sumando un total de 35.620 víctimas de la violencia, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 1997.
En los últimos meses, pese a la pandemia de coronavirus y a las medidas de distanciamiento social, los asesinatos tampoco han amainado.
E incluso marzo -a fines de ese mes se paralizaron las actividades no esenciales- fue con más de 3.000 muertos el más violento desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en diciembre de 2018.
Según Burgoa, la mortalidad por COVID-19 fue en junio un 24 % más alta que los fallecimientos por dolencias cardiovasculares, 4,9 más que en accidentes de tránsito y 5,5 veces más que los homicidios totales.
En junio, según cifras oficiales, hubo 2.913 homicidios dolosos y 69 feminicidios, sumando un total de 2.982 asesinatos.
Ese mismo mes, cuando comenzó una gradual y muy cauta reapertura económica, el número de fallecidos acumulados por COVID-19 pasó de 10.167 muertos el 1 de junio a 27.769 defunciones el día 30, un incremento sustancialmente mayor al número de asesinatos ese mes.
La comparación entre víctimas de la violencia y por la COVID-19 ha llevado a algunos expertos y medios de comunicación a hablar de una «doble pandemia» nacional.
No obstante, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que la crisis sanitaria está controlada y que, pese a que la epidemia será larga, se ha logrado evitar el colapso hospitalario.
Actualmente, según datos de la Secretaría de Salud, la ocupación de camas generales es del 45 % y para enfermos críticos del 39 %, aunque hay muchas diferencias entre estados.
«Por supuesto que estamos viviendo otra epidemia (además de la de salud). La violencia es, claramente, una epidemia contagiosa», dijo a EFE Salomón Chertorivski, del Comité Asesor de Especialistas de la ONG Signos Vitales, creada para contrastar información de la pandemia, y miembro del opositor Movimiento Ciudadano.
OTRAS ENFERMEDADES MATAN MÁS
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 hubo 149.368 fallecimientos por enfermedades del corazón, 101.257 por la diabetes mellitus y más de 85.750 por tumores malignos.
Si se compara con estos datos, la COVID-19 está todavía lejos de las principales causas de mortalidad en el país. Aunque si se tiene en cuenta que la pandemia comenzó oficialmente en el país el 28 de febrero, los números son mucho más alarmantes.
México superó el pasado domingo a Italia en cifras absolutas de fallecimientos. Aunque el país europeo parece que ya pasó lo peor de la pandemia tiene hoy 34.984 muertos, mientras que México continúa registrando miles de casos nuevos a diarios.
Aunque con base en estas cifras es indudable que el país americano no ha dejado de escalar posiciones y hoy ocupa la cuarta plaza a nivel mundial, la tasa de mortalidad es menor porque hay países europeos -de menor tamaño- con cifras de fallecimientos muy parecidas.
Es por ello que la lectura que se hace de la lucha contra la pandemia y los datos oficiales en el país han saltado del plano estrictamente sanitario al político y mediático.
«¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más, de población. Pero así se presenta la información en las primeras planas porque quieren afectarnos políticamente», dijo este lunes López Obrador en su conferencia matutina, convertida en un púlpito para defenderse de sus «adversarios».
Recientemente, la ONG Artículo 19 -dedicada a la libertad de expresión- elaboró un documento donde alertaba que en países como México, El Salvador, Honduras y Guatemala había «amenazas diversas» al derecho a la información durante la pandemia.
«La intolerancia de los funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno en los cuatro países, la falta de voluntad para hacer llegar información útil a las poblaciones más vulnerables (…) y el recrudecimiento de la polarización son una fórmula fatal para el ejercicio de las libertades democráticas en este contexto», concluyó la ONG.
