Gobierno del Estado sigue afinando los mecanismos para desterrar del Estado las máquinas tragamonedas, pues aunque no es un delito que se cometa con violencia, ni que genere mucha atención mediática, está corrompiendo a nuestros niños en forma silenciosa, destacó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Aguilar.
Agregó que los mecanismos para evitar que sigan proliferando las máquinas tragamonedas en todo el Estado ya se han establecido desde el Congreso estatal, además de que se pretende que también los cabildos puedan establecer normas y disposiciones y que puedan revisar que la licencia de funcionamiento no contemple la posibilidad de instalar estás máquinas en todos los establecimientos mercantiles.
Dijo que todas las familias deben tener muy en claro que el uso de estos juegos es ilegal y está prohibido, y por ello es importante la labor que realizan en todo el Estado la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las Policías municipales, para detectar y retirar las máquinas.
Añadió que los padres de familia no deben permitir que los menores accedan a estas máquinas, pero además, “aquí en Aguascalientes también ya le acompañamos con un asidero legal para poder ayudar a los municipios, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, al Ejército y a la Guardia Nacional, para que puedan hacer un acompañamiento y un trabajo, y de esta manera proteger a nuestros jóvenes en Aguascalientes”.
No se pueden tener máquinas que están prohibidas por la Ley Federal de Juegos desde 1947, así como por el reglamento de la Ley General del ‘93, dijo, y añadió que por tanto, no pueden utilizarlas nuestros niños, porque eso significa corrupción de menores y también recursos de procedencia ilícita y fraude.
Destacó que la coordinación interinstitucional y las nuevas reglamentaciones en el Estado apuntan a que no quede impune este delito y a dotar de herramientas legales a los municipios para continuar en el combate a estas máquinas, tanto en su instalación como en la prohibición de que funcionen en tiendas de abarrotes y farmacias, entre otros negocios en donde se han detectado y decomisado.
