La cadena perpetua no resolverá el problema del feminicidio, advirtió la ex-senadora por Aguascalientes Angélica de la Peña, quien demandó que se aplique realmente la reforma que se hizo hace ocho años para la prevención de este tipo de delitos y que, por lo que se ve, ha sido letra muerta. “Las cosas como son, no se ha cumplido la reforma”.
“Nos dimos años para hacer esa transición y hubo en muchos lugares simulación, así que hoy tenemos este caso, con una evidencia clarísima de que no hubo prevención social del delito, que la política punitiva contra las drogas no le sirve al país, porque un enfermo problemático anda por la vida haciendo lo que a lo mejor su situación de drogadicto lo llevó, pero creo que el problema que simplemente refleja este crimen, es que tenemos muchos pendientes que no hemos atendido todavía, de manera que se prevenga este tipo de situaciones. Es muy lamentable lo que ha pasado en Aguascalientes, entonces, es un llamado de atención a la autoridad, para que este precepto que establece la prevención social del delito y la no criminalización de enfermos problemáticos por ese tipo de drogas duras, tengan un tratamiento totalmente distinto y no el abandono en el que se encuentran”.
Con relación al espeluznante crimen cometido en Jesús María, donde un adicto decapitó a su madre, manifestó que en México, desde el 2008, se reformó la Constitución para instaurar un nuevo Sistema de Justicia Penal, que uno de sus principios fundamentales es la reinserción social; “mientras que la reinserción social no se practique realmente en México, vamos a seguir teniendo personas que están privadas de su libertad por un hecho y luego salen y vuelven otra vez a entrar a la prisión, y no hay una reinserción social, no hay alternativas para estas personas para evitar que puedan reincidir; eso es un problema muy grave. Otro aspecto importante que tampoco se ha atendido es la prevención, como este caso tan terrible del asesinato por parte de su hijo a esa señora. Lo que también está en debate es qué pasa con la droga, y en México a la drogadicción se le sigue criminalizando; es decir, una persona que tiene un problema con alguna adicción a la droga sigue criminalizándose, cuando lo que se tendría que estar discutiendo es, como ya lo hacen en otros países, particularmente en Canadá, en Europa, que esa persona es un enfermo, es un enfermo problemático que va a estar sufriendo también su situación desde una criminalización de su acción y no de que sea visto como una persona enferma que necesita un tratamiento especial, y eso me lleva a que en México no hay política de prevención, toda la política contra las drogas es absolutamente negativa, cuando en otros países no es así; ahí, cuando una persona tiene un problema de drogadicción va y recurre a una autoridad sin que corra el riesgo de que lo vayan a meter a la cárcel y mucho menos que lo vayan a acusar de que está metido en el narcotráfico, como lo hacen en México”.
Añadió: “El problema, lo que nos refleja este feminicidio tan terrible, es que necesitamos discutirlo, porque no ha funcionado esa reforma estructural del 2008 ¿Por qué no hay prevención social del delito? Por qué la reinserción social simplemente está escrita en la ley, en la Constitución y cada autoridad, desde los centros de privación de la libertad, desde la asistencia social, desde los ámbitos gubernamentales, la entienden como quieren, pero en los hechos, en lo concreto, nos hace falta trabajar en los protocolos de lo que significa la reinserción social, de cómo fue concebida en la Constitución y como en los transitorios de esa reforma se otorgaron 8 años para que todas las entidades federativas y la Federación cumplieran los pasos que llevasen a la conclusión de la instauración del nuevo Sistema de Justicia Penal. Ocho años y muchos lo entendieron como esto, va a entrar hasta el 2016 y entonces ya me voy a poner las pilas. Y no, en 2016 se debió haber concluido, concretado todos los pasos, las determinaciones y obligaciones que tenían los estados y la Federación para lograr que se instaurara perfectamente bien este sistema”.
En ese sentido, “cada quién tenía cosas que hacer, los congresos de los estados, transformar las fiscalías en fiscalías autónomas, el Congreso de la Unión igual, con la PGR, para que fuese Fiscalía General de la República y toda la política de reinserción en los centros de privación de libertad; también hubo una reforma importante en ese sentido y, por supuesto, el Poder Judicial, transformar la forma de sancionar, con juicios orales, transparentes, expeditos, abiertos, con un nuevo modelo garantista, pero hasta ahí quedó”.
MAD