La histórica reducción en la pobreza confirma que el trabajo coordinado entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores da excelentes resultados, manifestaron desde el Consejo Coordinar Empresarial (CCEA).
El pasado 13 de agosto, el INEGI hizo públicos los datos que indican que entre 2022 y 2024 la población en situación de pobreza en México se redujo de 46.8 a 38.5 millones de personas, es decir, en 8.3 millones. Con ello, la tasa de pobreza bajó de 35.98% a 29.6% de la población total, el nivel más bajo registrado desde que se mide este indicador.
En este sentido indicaron que las políticas laborales impulsadas por el gobierno federal en los últimos años, tales como el aumento de los salarios mínimos y el cambio al régimen de subcontratación han marcado un punto de inflexión en el mercado laboral. Los programas sociales y las remesas también han contribuido a incrementar el ingreso de las familias. El hecho histórico de que millones de personas hayan salido de la pobreza es un logro incuestionable en el camino hacia un México más justo y equitativo.
En la dinámica productiva del sector privado, el incremento del valor agregado de la producción coadyuvó también a mejorar los salarios y generar más empleos formales. Ello significó que el ingreso trimestral promedio de los hogares aumentara 10.6% en términos reales, reflejándose directamente en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Es igualmente fundamental reforzar la colaboración entre iniciativa privada y gobierno para acompañar y promover la integración de las empresas informales en la economía formal, pues esto permite cubrir a más personas con seguridad social. Asimismo, resulta prioritario impulsar a las micro y pequeñas empresas, ya que son quienes generan la mayor parte de los empleos y fortalecen el desarrollo económico del país.
Para dar continuidad y acelerar estos avances, es necesario ahora atraer mayor inversión. La presentación del Paquete Económico 2026 es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Plan México con altos niveles de inversión. En este sentido, es importante subrayar que contar con certeza jurídica es clave para atraer más capital y consolidar proyectos productivos en el país.
El reto es que la inversión alcance al menos el 30% del PIB. Con mayor inversión, se crearán más empleos formales y aumentará la productividad laboral y empresarial. Con el aumento en número y tamaño de las empresas, se incrementará también la recaudación, fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para mejorar la redistribución. Es preciso enfatizar que el mejor programa social es la generación de empleos formales pues este es el camino más sólido para garantizar bienestar de largo plazo.
El sector privado reiteró su compromiso de trabajar en forma conjunta con el gobierno y los trabajadores para construir alternativas que incrementen la inversión y poder así generar más empleos formales de calidad, aumentar la productividad de manera sostenida y mejorar permanentemente los salarios.
