Con el voto mayoritario del pleno, la Cámara de Diputados aprobó ayer una serie de reformas a la Ley de Protección al Ambiente para prohibir en el corto plazo el uso y distribución de productos de plástico como los vasos, popotes, cubiertos y envases, además de las bolsas de polietileno que ya están fuera de circulación, por ser contaminantes del ambiente.
De acuerdo al dictamen que fue avalado por los legisladores, la disposición se estará promoviendo por los siguientes 180 días y al término de ese plazo se procederá a imponer fuertes multas económicas a los negocios que insistan en el uso de ese tipo de productos.
Durante el debate del dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Aguascalientes, los diputados participantes en la tribuna fijaron su posición, coincidiendo la mayoría de ellos que el propósito que se sigue es el de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y la contaminación por el uso de materiales plásticos.
Sobre el particular, el diputado Luis Enrique García destacó los alcances del dictamen y pidió que en la reforma se conceda un plazo razonable (180 días hábiles) a partir de la publicación de la modificación, para que los ayuntamientos elaboren su respectiva reglamentación y pueda ser aplicada la medida.
A su vez, la legisladora ecologista Genny López dijo que “prohibir hoy el uso de plásticos de un solo uso, no es un tema de moda, ni siquiera la podemos considerar una decisión visionaria, sino que se trata de una auténtica necesidad”.
Por su parte, el diputado panista Max Ramírez aseveró que las políticas públicas en materia ambiental deben estar alejadas de intereses particulares o partidistas y llevarse con una visión transgeneracional, además de que se necesita de que haya voluntad de todos, es decir, autoridades, sociedad civil y empresarios para cuidar la casa común.
En la sesión ordinaria, los representantes populares aprobaron también reformas al artículo 71 de la Constitución Política del Estado para establecer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, que permita el libre desplazamiento de todas las personas dentro del territorio estatal para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.
Este derecho, explicó la diputada Guadalupe Torres, está relacionado con diversas necesidades básicas de la población, entre ellos, la alimentación, salud, trabajo, educación y vivienda, por lo que con dicha reforma, el Estado tendrá la obligación de proporcionar los mecanismos necesarios para su goce.
