SOLICITAN INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Pertenecen a migrantes hidrocálidos que aportan bastante a la economía local, indicó su dirigente.
En una reunión pactada el miércoles 30 de octubre de 2024, el presidente de administración de la Unión de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (UCD DH), José Luis Trujillo Mendoza, llamó al Gobierno del Estado a que responda ante la no acogida del beneficio federal para la regularización de los vehículos extranjeros que entran al Estado procedentes de ciudadanos aguascalentenses que residen o han residido en EEUU o Canadá.
En entrevista con HIDROCÁLIDO, el dirigente de la Unión lanzó el siguiente cuestionamiento: “¿Cuál es la razón para dejar en estado de indefensión a los migrantes hidrocálidos que año con año trabajan, estudian, radican en los EEUU o en Canadá, y que son poseedores o propietarios de vehículos de procedencia extranjera, ensamblados en Canadá o en EEUU, tomando también como consideración que estos migrantes hidrocálidos aportan a la economía del Estado 260 millones de pesos anuales a manera de remesas”.
La insistencia en dicho cuestionamiento, señala Trujillo Mendoza, viene remarcada en razón de las remesas que semanal o mensualmente los trabajadores aguascalentenses en el extranjero envían a sus familias, dinero que al final de cuentas es gastado dentro de la economía local. “Ellos se van a Estados Unidos, trabajan y producto de ese trabajo envían semana con semana o mes con mes dinero para su familia; para que sobrevivan, para que vayan a la escuela… una infinidad de rubros que se pueden cubrir con ese dinero […] ellos están comprometidos a contribuir con la economía del estado de Aguascalientes […] ¿Por qué el Estado les niega el beneficio para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera?”.
El llamado que se hace desde la UCD DH es al diálogo, puesto que a decir de su representante, no hay información disponible por parte del estado de Aguascalientes, que guarda silencio acerca de por qué no permite que sus ciudadanos accedan a dicho beneficio que es la regularización de vehículos extranjeros y que, cabe señalar, está publicado como decreto en el Diario Oficial de la Federación desde 2021.
Según datos dados a conocer por la Unión, son alrededor de 125,000 vehículos de procedencia extranjera los que se encuentran circulando en Aguascalientes. Estima que, de esos 125,000 aproximadamente el 65% de ellos ya fueron víctimas de extorsión o de abuso en los vecinos estados de Zacatecas, San Luis Potosí o Michoacán, pues al no encontrar aquí una respuesta a su necesidad, han tenido que recurrir a otros Estados para regularizar sus vehículos, lo que se traduce en vehículos que circulan en el Estado con placas de otras entidades.
Lo anterior, además, viene en perjuicio a las finanzas del Estado, pues al final de cuentas es dinero que termina por invertirse en las arcas de otro gobierno. Así lo señala Trujillo Mendoza: “Eso también viene a perjudicar las finanzas del Estado, porque ese dinero que fue de ellos y pagaron allá en Zacatecas, por decirlo así, pudieron haberlo pagado aquí… y eso provoca que haya más economía, más ingresos que permitan el bacheo, que permitan obra pública. Entonces, a nosotros nos parece una incongruencia el hecho de que el Gobierno de Aguascalientes guarde silencio en este tema en particular”.
Añade Trujillo que si bien la primera etapa de regularización concluyó en septiembre, acaba de iniciar una nueva etapa que tendrá como duración dos años, según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dadas las facilidades brindadas por el Gobierno Federal, la accesibilidad en materia de costos para los ciudadanos y los beneficios económicos que representan al Estado, la UCD DH remarca su desconcierto ante la no colaboración del mismo.
Trujillo Mendoza añade que han estado solicitando al Gobierno del Estado que les conceda entrevistas ante distintas dependencias como el SAT, Seguridad Pública y otros encargados del gabinete que sean responsables en el tema, para insistir con sus cuestionamientos y para resolver cuál sería la situación de los poseedores de estos vehículos que, por culpa del Gobierno del Estado, no son beneficiarios del programa de regularización de unidades, ya que en otros estados han comenzado a fincar multas a los acreedores de la propiedad en cuestión y a decomisar si la multa no es saldada.
