El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 16 votos, la conocida como Ley Antichismes, con lo que se blinda a maestras y maestros de insidias y acusaciones sin sustento.
El dictamen que reforma la Ley de Educación y el Código Penal del Estado sancionará la maledicencia a la que padres de familia recurren para desprestigiar a trabajadores de la educación con señalamientos dolosos.
De acuerdo con la diputada del PRI, Lucía de León Ursúa, esta ley pretende proteger de manera integral al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, asedio y amenazas, buscando establecer un equilibrio entre la protección de la infancia y los derechos de los trabajadores de la educación.
La propuesta surgió ante casos en los que una acusación sin sustento puede derivar en la separación inmediata de un maestro, afectando su reputación y poniendo en riesgo su trayectoria profesional, incluso antes de que exista una investigación o resolución de autoridad competente.
La legisladora explicó que la iniciativa mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, pero establece que esta debe coexistir con principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Entre sus principales alcances destacan:
- Sanciones de uno a tres años de prisión para quienes amenacen, intimiden o coaccionen a personal educativo en el ejercicio de sus funciones.
- Incremento de penas por actos de asedio y hostigamiento contra docentes, directivos y personal administrativo.
- Protección frente al uso de menores de edad para realizar actos de intimidación o acoso.
- Incorporación del principio de presunción de inocencia en los protocolos y procedimientos de atención de denuncias.
Prohibición de sanciones anticipadas, separaciones arbitrarias del cargo o exposiciones públicas sin una investigación previa.
Asimismo, la iniciativa frenará los llamados “linchamientos mediáticos” que, a través de redes sociales, pueden condenar públicamente a una persona antes de que se esclarezcan los hechos.
“Lo propuesto no pretende obstaculizar las denuncias legítimas, sino garantizar que se atiendan con responsabilidad, respeto a la ley y pleno respeto a los derechos de todas las partes involucradas”, concluyó de León Ursúa.
