El gobierno de Martín Orozco Sandoval no podrá concesionar el servicio del transporte urbano debido a la demanda presentada por los directivos y socios de la empresa Línea Express que sigue en los tribunales y que tardará en resolverse entre seis y siete meses más, por lo que para entonces ya habrá concluido la actual Administración Estatal.
En ese sentido y luego de señalar que la afectación económica directa que padecen los dueños de los camiones chinos que fueron sacados de manera unilateral del servicio a finales de agosto del año pasado ya rebasa los 34 millones de pesos, el presidente de la Línea Express, Jaime Carranza Ochoa, aseguró que si no se ha cerrado el trato para entregarle el manejo del servicio a la empresa ADO, “es porque las autoridades tienen legalmente atadas las manos precisamente porque hay una demanda de amparo de por medio y un juicio que está en trámite; si concesionan el transporte incurrirán en una ilegalidad más”.
Expresaron que lo de la concesión del transporte urbano está en stand by precisamente por la demanda de amparo que se tiene presentada contra el Gobierno “por habernos afectado con sus decisiones unilaterales y autoritarias”, por lo que se ve prácticamente imposible que se concrete ese proyecto con la empresa foránea, puesto que para poder dar ese paso primeramente se tiene que resolver el recurso legal del amparo que está presentado por el grupo de camioneros que fueron inhabilitados para prestar el servicio, no obstante que se les obligó a contratar créditos y a comprar unidades nuevas.
Respecto al acumulado de las pérdidas económicas generadas por la desactivación y suspensión de los camiones chinos y de otras unidades de los socios de la Línea Express, los empresarios del ramo mencionaron que el saldo de las afectaciones directas rebasa ya los 34 millones de pesos, tomando en consideración que por cada día que se les obliga a mantener los camiones detenidos se pierden al menos 200 mil pesos.
En el amparo que se presentó en los tribunales federales se está pidiendo, además de la reactivación de los camiones que fueron sacados del servicio, la indemnización económica por las afectaciones que está provocando el hecho de que las unidades se mantengan varadas y el incumplimiento de los compromisos de pago por el financiamiento que se solicitó en su momento para poder adquirir los camiones chinos y para mantener en forma el resto de los camiones con los que se venían cubriendo varias de las rutas del transporte urbano.
